Somos MX pide su inmediata liberación, pues considera que su detención es arbitraria e ilegal
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Somos MX pide su inmediata liberación, pues considera que su detención es arbitraria e ilegal
Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador del PAN en la historia del país, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de participar en una red de contrabando de combustible.
La FGR confirmó que el operativo se llevó a cabo en Ensenada, Baja California, donde el político de 74 años fue aprehendido para de inmediato ser llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana.
Realizadas las diligencias preliminares, entre ellas el examen médico, se espera sea presentado ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.
En las primeras imágenes que circulan de su detención se lo ve esposado y fuertemente custodiado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En redes sociales y en voz de distintos miembros de la oposición se ha destacado en las últimas horas que todo esto contrasta con la laxitud, negligencia y omisiones de las autoridades frente a muchos otros casos de militantes y funcionarios de Morena que han sido señalados de estar ligados al huachicol fiscal y a las redes del crimen organizado que lo controlan.
Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, la investigación que derivó en su captura se considera de “alta complejidad” y apunta a una empresa fundada por Ruffo, señalada como posible fachada para operaciones de importación ilegal de hidrocarburos. El exmandatario había negado previamente las acusaciones, asegurando que su compañía se limitaba a realizar trámites aduanales. La FGR sostiene que existen pruebas suficientes para imputarle delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Mientras tanto, Somos MX, partido en el que Ernesto Ruffo participa como miembro de su Consejo Consultivo Ciudadano, ha dicho que su detención es arbitraria e ilegal.
En un comunicado, este partido señaló que el propio ex gobernador explicó detalladamente lo irracional e inconsistente de tales acusaciones.
Lo anterior, porque la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía y tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales de productos que otras empresas y/o particulares quieren introducir al país.
A pesar de ello, agregó el partido político, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy decidió, de manera abusiva, arremeter contra Ruffo.
En cambio, apuntó, se hace de la vista gorda ante la evidencia del fraude fiscal más grande de la historia, el tráfico ilegal de combustible perpetrado por las autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Marina y varios gobernadores morenistas actualmente en funciones.
“Este agravio no puede explicarse de otra manera, sino como una cortina de humo que pretende distraer la atención pública del escándalo que ha generado en Baja California las grabaciones publicadas de la gobernadora Marina del Pilar y sus negociaciones al margen de la ley y la soberanía con agentes norteamericanos”, apuntó.
Somos México aseveró que con esta acción las autoridades federales buscan desviar la atención de los escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizados de gobernadores y funcionarios leales al régimen como Rubén Rocha Moya, acusados de vínculos con el crimen organizado y solapados y protegidos desde las más altas esferas del poder.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) se negó a hacer una defensa del ex gobernador de Baja California, y a través de un comunicado dijo que corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.
Señaló que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todos, porque mientras en el caso de Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata en casos como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, no lo ha hecho a pesar de existir pruebas contundentes.
“La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca”, aseveró el blanquiazul.
Esta detención, dijo el Partido, ocurre en medio de la creciente atención pública sobre el caso de la gobernadora Marina del Pilar, quien continúa sin ofrecer respuestas suficientes sobre los graves señalamientos que pesan en su contra.
La coincidencia de estos hechos hace indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados.
Confió en que Ruffo aclarará los hechos que se le imputan y agregó que “ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano”.
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