Durante mucho tiempo creí que estar informada e indignada era suficiente. Que tener la opinión correcta y expresarla con fuerza era una forma de contribuir. No lo es, o al menos, no siempre.
Opinar es fácil. No exige continuidad, ni costo, ni presencia. Sin embargo, nos hemos convencido de que compartir, comentar y reaccionar cuenta como acción cívica. Que la indignación en redes es participación política.
A veces lo es. La presión social organizada tiene fuerza real. Las marchas en defensa del INE en 2022 son prueba de ello: una movilización ciudadana masiva que elevó el costo político de reformar una institución electoral y que incidió en el resultado. Eso no fue ruido, fue poder ciudadano ejercido con claridad y con objetivo. (Que el gobierno encontrara después cómo avanzar su agenda por otras vías de cuestionable legalidad es otro cuento, pero esa es precisamente la razón por la que la presión ciudadana no puede ser un evento aislado).
Mi trabajo me ha acercado a personas que promueven la participación ciudadana desde espacios distintos a los partidos políticos. En una conversación reciente, alguien con mucho más recorrido que yo dijo algo que no he podido soltar: esa forma de participar se diluye si la usamos con cada tontería.
Tratar con la misma intensidad una declaración desafortunada y el desmantelamiento de una institución no es coherencia, es desgaste. Cuando la indignación no distingue escala, lo verdaderamente grave se pierde entre el ruido de lo trivial. La presión social es un recurso que, como cualquier recurso, se agota si se derrocha. Una ciudadanía que reacciona fuerte ante todo, termina siendo predecible, ignorable y, lo que es peor, funcional al sistema que dice querer cambiar, porque su energía se dispersa sin dirección.
La ciudadanía es un músculo. Como cualquier músculo, se atrofia si no se ejercita con regularidad y con criterio. Las marchas son una herramienta poderosa, pero exigen un esfuerzo enorme de quienes las organizan y de quienes participan. Reducir la participación ciudadana a ese momento, o a la casilla cada tres años, no es suficiente para sostener un contrapeso real.
Lo público es nuestro patrimonio. Si alguien invade tu casa, no te alejas porque el proceso legal es tedioso o porque los vecinos, con quienes debes coordinarte, no son tu gente favorita. Te preparas, buscas aliados y defiendes lo que es tuyo. Lo colectivo merece exactamente el mismo compromiso, la misma energía y la misma disposición a incomodarse.
Esto no es una carrera de cien metros. Es un maratón, que se termina con constancia y con la convicción de que las dificultades son retos a superar, no razones para abandonar.
México no solo necesita mejores políticos. Necesita ciudadanos dispuestos a asumir su corresponsabilidad sobre lo público, a construir algo más difícil y más urgente: el lugar del ciudadano consciente en el siglo XXI, ese contrapeso que toda democracia real necesita tener enfrente.
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