El proceso de designación de consejerías del Instituto Nacional Electoral debía ser impecable. Más aún: debía ser incuestionable. No lo fue.
Conviene empezar por lo que sí funcionó. El examen fue técnicamente sólido, bien diseñado y exigente. Sin embargo, sus resultados abrieron una de las interrogantes más delicadas del proceso: los puntajes más altos no recayeron en quienes cuentan con mayor experiencia electoral.
No se trata de descalificar perfiles. Pero en una materia altamente especializada, donde se organizan elecciones, se fiscalizan recursos y se resuelven controversias complejas, la experiencia no es un atributo deseable: es indispensable. Que perfiles sin trayectoria electoral comparable hayan encabezado los resultados, mientras quedaron fuera quienes han dedicado décadas a esta función, no solo sorprendió: exigía una explicación que nunca llegó.
A ello se sumaron señalamientos sobre posibles filtraciones del examen o inconsistencias en los resultados. No hubo pruebas concluyentes, pero sí suficientes elementos para instalar una duda razonable sobre la integridad del proceso. Y en estos casos, la duda no es menor: es corrosiva.
Las entrevistas tampoco corrigieron el rumbo. Más bien confirmaron la preocupación: preguntas superficiales, bajo nivel de exigencia y respuestas que, en algunos casos, evidenciaron carencias técnicas incompatibles con la responsabilidad del cargo.
Con la publicación de las quintetas cerca de la medianoche (nuevamente), una de mujeres, una de hombres y una mixta, el proceso entró en su fase definitiva. Y fue entonces cuando el análisis dejó de ser individual para volverse estructural. El balance es inquietante.
En las distintas quintetas se observa la presencia reiterada de perfiles con cercanía política, vínculos con estructuras de gobierno, trayectorias administrativas internas o relación con ámbitos de decision. Se trata de perfiles que desde el comienzo de las primeras fases de la convocatoria, se consideraron afines al oficialismo, y que, como se preveía, hoy están en las quintetas, asegurando que no compitan entre sí.
Se incluyen nombres de funcionarios y exfuncionarios vinculados a los gobiernos estatales que gobierna Morena en su mayoría.
La integración final confirmó, además, un patrón más profundo: perfiles con experiencia electoral, sí, pero en su mayoría insertos en redes políticas, administrativas y de poder que trascienden la función técnica. Vinculaciones con dependencias del Ejecutivo, con operadores de reformas recientes y con estructuras partidistas aparecen de forma consistente. No es un cuestionamiento a las credenciales individuales, sino a la configuración en su conjunto. Cuando esas trayectorias convergen en un mismo órgano, la autonomía deja de ser una garantía y se convierte en una incógnita.
Se trata de un patrón que sugiere una lógica de dispersión estratégica: la inclusión de perfiles con determinados vínculos en más de una quinteta, incrementando así la probabilidad de que, independientemente del mecanismo de designación, algunos de ellos accedan al Consejo General.
Ese dato es particularmente delicado. Porque el riesgo ya no es únicamente de alineación política. Es de algo más profundo: la posible convergencia entre intereses políticos, decisiones institucionales y ámbitos de operación administrativa.
Eso tiene nombre: riesgo de captura.
Sin embargo, no todo el balance es negativo. En algunas de las quintetas, particularmente en la de mujeres, se identifican perfiles con trayectoria, capacidad técnica y mayor distancia de los circuitos de poder. Son, en ese contexto, excepciones relevantes que podrían contribuir a equilibrar una integración que, en su conjunto, genera preocupación.
La Junta de Coordinación Política tiene una responsabilidad mayor. La posibilidad de construir un acuerdo que privilegie perfiles con experiencia, independencia y solvencia técnica no es solo deseable: es indispensable para preservar la credibilidad del árbitro electoral.
México no se observa únicamente desde dentro. Es un país bajo escrutinio constante. La calidad de sus instituciones, el Estado de derecho y la integridad de sus procesos democráticos son variables centrales para la confianza internacional.
Los inversionistas no solo miran indicadores económicos. Observan certidumbre jurídica, autonomía institucional y reglas claras. Debilitar la credibilidad del árbitro electoral es, en consecuencia, debilitar la confianza en el país.
Lo que está en juego es la credibilidad del árbitro electoral. Si el árbitro es percibido como cercano al poder, la elección deja de ser un ejercicio de certeza. Se convierte en un proceso cuestionado desde su origen.
Y cuando la legitimidad entra en duda, la democracia entra en riesgo.
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