El fallo establece que la información solicitada no puede clasificarse como confidencial o secreta al existir un interés público preponderante
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El fallo establece que la información solicitada no puede clasificarse como confidencial o secreta al existir un interés público preponderante
Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar todos los documentos de inteligencia generados en 2014 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La institución estima que el Ejército tiene en su poder cerca de 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI). El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Alan Arriola Padilla, fue quien dictó la orden judicial.
“La falta de continuidad en los documentos no demuestran su existencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”, dice la resolución judicial.
La resolución deriva de una demanda presentada en agosto de 2023 por los padres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Brugos.
Las familias reclaman la omisión de las autoridades de entregar todos los reportes de inteligencia realizados en 2014, en presunto incumplimiento del decreto emitido en 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
De acuerdo con el fallo, la información solicitada no puede clasificarse como confidencial o secreta al existir un interés público preponderante por parte de las familias de las víctimas y de la sociedad en conocer la verdad.
La demanda se presentó ante la inacción de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), que dejó de operar como un mecanismo eficaz para destrabar la investigación, detalla N+.
Anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había señalado que los avances en el caso se habían ralentizado por la falta de entrega de información por parte de las Secretaría de Defensa, precisando que el litigio podría haberse evitado con la cooperación de buena fe de las autoridades en posesión de la documentación.
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