La inflación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de marzo de 2026 fue de 4.59% anual. Dicho índice se calcula a partir del cambio en el costo de una canasta que se supone que representa la estructura de gasto de los hogares, a partir de lo que capta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI. Digamos que es una canasta promedio de los hogares mexicanos. Dado que la persona promedio no existe, esa canasta es solamente una aproximación del patrón de gasto de cada uno de nosotros y por lo tanto la inflación que reporta hace mayor o menor sentido para cada persona en la medida en que ella se parezca más o menos a ese promedio. El consumidor promedio, por ejemplo, gasta menos en pañales que las personas que tienen bebés, pero gasta más que las que no los tienen.
En este sentido, cada hogar enfrenta una inflación específica que puede parecerse mucho, poco o nada al promedio. Pensemos por ejemplo en el caso de las personas en pobreza extrema, cuyo presupuesto se destina en un porcentaje especialmente alto al gasto en alimentos. Entonces, cuando los alimentos, en especial los que consumen las personas con menos ingresos, suben de precio, el efecto en la inflación de las personas pobres es relativamente mayor. Es por esta razón que el INEGI publica una “canasta de consumo mínimo”, que esencialmente busca reflejar la inflación relevante para las personas con ingresos bajos. A marzo de 2026, esta canasta habría tenido una inflación de 4.56%, lo que a un decimal es prácticamente igual que el promedio nacional (4.6%). Sin embargo, esto no necesariamente se traduce en que la inflación es la misma para todos con independencia del nivel de ingreso.
El cambio en el costo de las canastas de consumo que subyacen a las líneas de pobreza monetarias que produce el INEGI nos da señales más precisas al referirse a un conjunto más limitado de productos genéricos. Aquí, para el ámbito urbano la inflación experimentada por los hogares con ingresos en torno del umbral de pobreza habría sido de 5.6% y de 6.1% en el rural. Considerando que las personas más extremadamente pobres tienen un porcentaje de gasto en alimentos mayor que la de quienes están en torno de la línea de pobreza, la tasa de crecimiento de los precios de la canasta alimentaria, de 8.1% en lo urbano y 7.9% en lo rural, nos sugiere que a marzo de 2023 la inflación ha sido más elevada para quienes menos tienen entre los que menos tienen.
Entonces, si bien para fines de política monetaria conviene tener un solo indicador de inflación, la experiencia de cada hogar en relación con la evolución de los precios es diversa. En este sentido, la canasta de consumo mínimo sería una sobre simplificación de la inflación en la parte baja de la distribución del ingreso que contribuiría al ocultamiento de las experiencias de inflación en grupos sociales especialmente desfavorecidos, ya que de entrada considera más productos que los usados para integrar la canasta que determina el umbral de pobreza, y porque supone que no hay diferencia entre la inflación rural y la urbana; además de que no da lugar a consideraciones sobre aspectos más finos respecto del nivel de ingresos de la población, así como de elementos de su estructura de edad, sexo, condiciones de salud y ubicación geográfica, entre otros aspectos relevantes. Todo esto muestra la necesidad de que se genere un abanico de canastas que refleje las distintas realidades y no solo una que las oculte.
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