La CNDH rechazó el informe del Comité de la ONU sobre desapariciones en México y acusó sesgo por uso de datos de ONG, lo que desata debate.
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La CNDH rechazó el informe del Comité de la ONU sobre desapariciones en México y acusó sesgo por uso de datos de ONG, lo que desata debate.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al asegurar que carece de sustento técnico y presenta un enfoque sesgado, particularmente en lo relacionado con la crisis de personas desaparecidas en México.
En un posicionamiento oficial, el organismo sostuvo que el documento internacional retoma información parcial y se apoya en fuentes que no reflejan la complejidad del fenómeno, lo que —según la CNDH— distorsiona la realidad del país.
En este sentido, señala que el CED concluyó de manera preliminar que en México existen indicios “fundados” de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, lo que incluso podría escalar el caso ante la Asamblea General de la ONU. No obstante, la Comisión también sostuvo que dicha conclusión se basa principalmente en peticiones de organizaciones no gubernamentales (ONG), aunque al mismo tiempo reconoció la legitimidad del dolor y las demandas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Es así que, la CNDH cuestionó directamente la metodología del Comité de la ONU, al señalar que varias de sus conclusiones se construyen a partir de datos proporcionados por organizaciones no gubernamentales, las cuales —afirmó— mantienen posturas críticas hacia el Estado mexicano.
El organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra indicó que el informe no incorpora de manera equilibrada la información oficial ni los avances institucionales, lo que genera una visión incompleta del problema.
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU forma parte de un seguimiento internacional a la situación de derechos humanos en México, donde el tema de personas desaparecidas se mantiene como uno de los más sensibles.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país acumula más de 100 mil personas desaparecidas, una cifra que ha encendido alertas tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, la CNDH insistió en que el análisis del Comité no reconoce adecuadamente los esfuerzos del Estado para atender esta problemática, incluyendo mecanismos de búsqueda, identificación forense y atención a víctimas.
Uno de los puntos centrales de la crítica de la CNDH se enfoca en el papel de las organizaciones civiles. El organismo aseguró que el informe privilegia testimonios y reportes de ONG con una narrativa crítica, lo que, a su juicio, influye en las conclusiones del documento.
Especialistas en derechos humanos, como Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, han señalado en distintos espacios que la participación de organizaciones civiles resulta clave para documentar casos y visibilizar violaciones, especialmente en contextos donde las víctimas enfrentan obstáculos institucionales.
Este contraste evidencia la tensión entre las versiones oficiales y los reportes independientes.
El posicionamiento de la CNDH abre un debate sobre la forma en que se construyen los diagnósticos internacionales en materia de derechos humanos.
Mientras el organismo mexicano cuestiona la validez del informe, instancias internacionales sostienen que la colaboración con la sociedad civil fortalece la documentación y permite dimensionar mejor la crisis.
Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia de integrar diversas fuentes para garantizar evaluaciones más completas.
Colectivos de familiares de personas desaparecidas han insistido en la necesidad de reconocer la dimensión del problema y fortalecer las acciones de búsqueda, independientemente de las diferencias entre organismos. Y es que, la crisis de desapariciones en México continúa como uno de los principales retos en materia de derechos humanos, mientras en otra trinchera, existen las diferencias sobre su diagnóstico.
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