El tiempo de un jefe de Estado no es suyo. Le pertenece al país.
Mientras millones de mexicanos enfrentan una carestía que devora semana a semana su poder adquisitivo; mientras la inversión privada huye de un entorno hostil por una reforma al Poder Judicial que de forma perversa concentra el poder en el Ejecutivo federal; mientras Pemex reconoce su responsabilidad en un derrame que mancha las costas de Tabasco y Veracruz; mientras la ONU enciende la luz roja y ofrece ayuda ante la crisis de personas desaparecidas; mientras los usuarios del AIFA siguen pagando con tiempo, dinero y seguridad personal el costo de un aeropuerto mal conectado… la presidenta de México viajó a Barcelona.
No a una cumbre del G20. No a negociar con Donald Trump el futuro del T-MEC. No a defender los intereses de México ante ningún foro que importe. Fue a una reunión sobre democracia —ironía mayúscula para un gobierno que ha desmantelado sistemáticamente los contrapesos del Estado democrático de derecho— acompañando a figuras que Washington mira con franco desdén, precisamente cuando estamos en plena revisión del tratado comercial del que depende casi 80% de nuestras exportaciones. El costo diplomático de esa fotografía es incalculable. Y nadie en esta administración parece haberlo calculado.
Esa ha sido la fractura central de estos años de gobierno: la ausencia de prioridades claras. Una austeridad proclamada que convive con derroches de agenda y de capital político. El viaje a Barcelona no es un desliz menor, sino un síntoma.
Pongamos cifras al costo de lo que la presidenta dejó de hacer –el costo de oportunidad-. Cada semana que se pospone la inauguración del tren suburbano Buenavista-AIFA, decenas de miles de pasajeros absorben el sufrimiento individual de lo que el Estado debería resolver colectivamente: dos horas de traslado en promedio, más de 60 kilómetros de recorrido, peajes, plataformas de transporte privado, y el riesgo real de circular por municipios con índices de inseguridad elevados. Multiplicado por los usuarios semanales del aeropuerto, el costo social acumulado de esa demora es enorme. Y se pospuso para liberar agenda presidencial. Viajar en clase turista a España no es austeridad: es negligencia con etiqueta de cinismo.
Lo mismo ocurre con la carestía. El alza generalizada de precios no se contiene con acuerdos “voluntarios” firmados ante cámaras. Se combate identificando cuellos de botella en cadenas de suministro, los márgenes excesivos de intermediación, las regulaciones estatales y municipales que encarecen la distribución, y las distorsiones fiscales y tarifarias que el propio gobierno federal introduce. La tensión geopolítica en el Golfo Pérsico —consecuencia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán— presiona los precios de los energéticos globales y expone brutalmente tres fracasos simultáneos: una ideología que limita la inversión privada; la apuesta autárquica de Pemex en refinación, y unas finanzas públicas obligadas a hacer malabares con el IEPS a los combustibles para contener el impacto inflacionario sin hundir la recaudación. Esos malabares no son política económica: son gestión de crisis en ausencia de estrategia.
México no necesita hoy una presidenta dedicada a acompañar a aliados ideológicos en foros intrascendentes. Necesita una jefa de Estado que se siente con su gabinete completo a desmenuzar, variable por variable, las causas del empobrecimiento silencioso que padecen quienes trabajan y consumen en este país.
El tiempo presidencial vale oro. Siete años demuestran que aún no lo saben.
Al margen
Mérito real a la presidenta Sheinbaum por someter a un panel de expertos la viabilidad de explotar yacimientos no convencionales —lutitas— en el norte del país. Reducir la dependencia del gas natural importado es una prioridad estratégica que no admite más demora. Ojalá esa misma seriedad técnica se aplique al resto de la agenda nacional.
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