Guadalajara, Jal.- En Jalisco hay elefantes que no viven en zoológicos, los encuentras en las nóminas de gobierno y tienen una particularidad bastante curiosa porque los problemas para los que fueron creados no desaparecen, mientras ellos tienen una notable capacidad de crecer.
En este caso revisé cinco organismos públicos: la Procuraduría de Desarrollo Urbano, el Instituto Jalisciense de la Vivienda, la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, la Agencia de Bosques Urbanos y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.
Sobre el papel, todas esas dependencias tienen una razón de existir. Vivienda, desarrollo urbano, contaminación, bosques y agua. Problemas que, por cierto, tampoco necesitan presentación.
Lo interesante aparece cuando se revisa cuánto cuestan esas estructuras y qué tan fácil resulta saber qué están consiguiendo a cambio.
La Prodeur, por ejemplo, redujo su plantilla de 61 a 51 trabajadores entre el año pasado y este, pero su nómina mensual aumentó de poco más de 1.34 millones a 1.45 millones de pesos. Menos burócratas, pero más caros.
La Agencia de Regulación de Emisiones pasó de 79 plazas autorizadas en 2022 a 180 este año y recibió casi 70 millones de pesos en 2026. Por si eso fuera poco, su plan institucional, el que le da sus facultades y su razón de ser, fue publicado hasta julio.
Una más. La Agencia de Bosques Urbanos pasó de 54.7 millones de pesos en 2021 a más de 201 millones este año.
Si uno fuera inocente, que no lo es, pensaría que cuando una dependencia crece de esa manera también debería ser más sencillo encontrar resultados que justifiquen su crecimiento. Pero esta pluma sale desde Jalisco, así que no necesariamente.
Y lo más incómodo de todo es que en algunos casos no hay información suficiente para saberlo.
La Prodeur respondió a una solicitud de transparencia que no tiene los datos en el formato solicitado para conocer indicadores sobre asesorías, denuncias, procedimientos e intervenciones. En Bosques Urbanos tampoco fue posible conocer con claridad cuánto se obtuvo por el aprovechamiento de sus instalaciones y qué se contrató. Porque se cobra por ello, y se cobra bien.
Entonces, para gastar sí hay cifras, pero para medir qué se hizo con ese dinero, no.
Y eso nos lleva a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, una superdependencia que crearon en la administración pasada para fortalecer la política hídrica del estado con apenas seis plazas que cuestan cerca de 3.8 millones de pesos anuales, sólo en nómina.
Todo bien, salvo por un pequeño detalle: esa política hídrica opera en un estado donde seguimos sufriendo por agua turbia, falta de suministro e inundaciones.
Claro que una secretaría no puede resolver por sí sola todos los problemas del agua. Tampoco una agencia puede limpiar por sí sola el aire de Guadalajara, ni una procuraduría, detener cada desarrollo inmobiliario. Pero precisamente por eso deberían existir objetivos claros, indicadores y resultados que permitan saber si el dinero público está sirviendo para algo más que mantener funcionando la oficina.
Si existe la dependencia es porque existe el problema. Y si el problema se erradica, la razón de ser de esa dependencia se diluye. Entonces se genera presupuesto para que haya resultados, pero por lo que se advierte en los datos obtenidos, lo mejor es que el problema siga para que la nómina luzca como pingüino de Madagascar: gordita y bonita.
Esa es una lógica muy mexa, donde no importa que los gobiernos cambien de piel, perfil y discurso: la burocracia se queda y crece.
Los elefantes blancos que mantenemos en Jalisco son justamente eso: armatostes que crecen de manera desmesurada, cuesta muchísimo mantenerlos y nadie sabe cómo es que su trompa llegó a escarbar tanto a nuestros bolsillos.
Y luego están las agencias de colocación, como el Ijalvi. Pero de eso les hablaré en la próxima colaboración.
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