México es un país cuya economía se ha transformado de manera visible en las últimas tres décadas para convertirse en una verdadera potencia del comercio exterior y, sin embargo, no ha logrado hacer que ello se transforme en crecimiento económico y prosperidad compartida para sus habitantes. Bajo el TLCAN y el T-MEC, el comercio bilateral se expandió en más de 370% (en dólares constantes) entre 1993 y 2024. Sin embargo, el PIB per cápita creció apenas 22.9% en tres décadas, una cifra ínfima frente al 259.4% de Polonia o el 213% de Corea del Sur.
Esta aparente paradoja puede entenderse desde la “Ley de Goodhart”, que establece que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. En México, el volumen de exportaciones parece haberse transformado en el fin supremo, descuidando el objetivo real de hacer crecer el valor agregado en el país. Esta falla ocurre porque la apertura comercial no garantiza el crecimiento si no altera la tasa de innovación local y la acumulación de conocimiento.
México se especializó en el ensamble y la manufactura básica, donde las patentes y el diseño tecnológico pertenecen a firmas extranjeras. Esto convirtió al sector exportador en un sistema de engranes con mayor poder tractor hacia el exterior que hacia el interior del país. La productividad total de los factores (PTF) refleja este estancamiento, con una caída promedio de 0.51% anual desde 1991. El crecimiento se ha dado por "fuerza bruta" (más trabajadores y máquinas) y no por eficiencia.
La propuesta de Mariana Mazzucato, plasmada en el reporte "State Transformation for Plan Mexico", ofrece una salida institucional. Sugiere que México debe transitar hacia un Estado emprendedor que no solo corrija fallas de mercado, sino que las moldee activamente mediante misiones ambiciosas en soberanía hídrica, energética y de capacidad productiva, haciendo eco del Plan México, que busca elevar el contenido nacional en 15% y la inversión a 28% del PIB para 2030. Para Mazzucato, esto requiere un "trato" de condicionalidad recíproca: el apoyo estatal a las empresas debe exigir transferencia tecnológica y reinversión local.
No obstante, esta estrategia enfrenta un bloqueo institucional crítico: la reforma judicial. Mientras Mazzucato exige un Estado con "capacidades dinámicas" y un brazo técnico robusto, la incertidumbre derivada de la elección popular de jueces y la extinción de órganos autónomos ha colocado a los inversionistas a la defensiva. La certeza jurídica es una condición fundamental para que el sector privado acepte co-invertir en misiones de largo plazo. Sin tribunales independientes que protejan la propiedad intelectual y los contratos, resulta poco probable que las firmas quieran venir a arriesgar capital en innovación.
Además, la “austeridad republicana” entra en colisión directa con el modelo de “misiones”. Mazzucato advierte que recortar la capacidad técnica de la burocracia infantiliza al Estado y le impide negociar de igual a igual con las multinacionales. Un Estado enfocado en la acumulación de poder, debilitado por la falta de recursos y capturado por la inseguridad pública no puede liderar una transformación productiva.
Conviene subrayar que el éxito de México no se medirá por cuántas fábricas se muden al país por el nearshoring, sino por su capacidad de absorber y generar conocimiento. La ruta hacia el desarrollo requiere una secuencia: primero, el impulso del Estado como inversor de riesgo (a la Mazzucato) y, posteriormente, un ecosistema de incentivos de mercado y patentes que proteja esa innovación. Sin embargo, sin una infraestructura institucional y judicial sólida, el Plan México corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones, incluso con el refuerzo de una de las principales gurúes económicas de nuestros tiempos.
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