Reportaje de L'Espresso documenta empleo irregular, falta de seguridad social y afectaciones a comerciantes y trabajadoras sexuales en torno a los proyectos vinculados con la Copa Mundial de la FIFA
Mientras la Ciudad de México se prepara para ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un reportaje publicado por el semanario italiano L'Espresso expone una realidad distinta a la narrativa oficial de modernización urbana: la utilización de trabajadores migrantes en esquemas de subcontratación, la ausencia de garantías laborales y el desplazamiento de sectores vulnerables alrededor de las obras relacionadas con el torneo.
Bajo el título “Lavoro nero dietro le luci del Mundial” (“Trabajo en negro detrás de las luces del Mundial”), la investigación sostiene que gran parte de la fuerza laboral empleada en los proyectos de infraestructura asociados al evento proviene de migrantes originarios de Venezuela y Haití, contratados a través de empresas subcontratistas y no directamente por los desarrolladores responsables de las obras.
Un activista del Frente Nacional por las 40 Horas, organización dedicada a la protección de los derechos sociales en México, que llevó a cabo una actividad de monitoreo de los derechos laborales en los meses previos al Mundial, aseguró a la publicación que los trabajadores migrantes son incorporados mediante cadenas de subcontratación que dificultan la supervisión de sus condiciones laborales y la identificación de responsabilidades cuando se presentan violaciones a sus derechos.
“Podemos concluir que la mayor parte de los trabajadores de la construcción proviene de Venezuela y de Haití. Los trabajadores migrantes son contratados por los subcontratistas, no están registrados regularmente y por lo tanto no cuentan con un seguro médico, que en México es obligatorio”.
La investigación se centra particularmente en los proyectos desarrollados en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde se celebrará el partido inaugural del Mundial y asegura que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) estaría detrás del proceso de subcontratación.
Según L'Espresso, en la zona se construyeron nuevos desarrollos inmobiliarios, edificios para hoteles y oficinas, estacionamientos de varios niveles, centros comerciales y una vialidad elevada sobre Calzada de Tlalpan.
El reportaje indica que las obras generaron un incremento significativo en el costo de la vivienda, afectando tanto a trabajadores migrantes como a residentes históricos de la zona.
“Hablamos con trabajadores involucrados en la construcción de la vialidad elevada y constatamos que dormían en la calle porque no podían encontrar departamentos a precios justos para rentar. El costo de la vivienda se disparó y es un problema para los trabajadores migrantes, pero también para las familias residentes”, se lee en el reportaje.
La investigación también documenta afectaciones a comerciantes establecidos, locatarios y trabajadoras sexuales que operaban en las inmediaciones de las obras.
De acuerdo con el reportaje, alrededor de 300 arrendatarios de locales y kioscos ubicados sobre Calzada de Tlalpan enfrentaron riesgos de desalojo derivados de los trabajos de construcción.
Ricardo Gutiérrez, comerciante entrevistado por L'Espresso, declaró: “Gracias a nuestra lucha y nuestras protestas logramos impedir el desalojo de los locales. El gobierno nos trata como basura. Pero nuestra presencia aquí también es importante para garantizar la seguridad de la zona”.
¡Las trabajadoras sexuales organizadas en el colectivo CLap! denunciaron igualmente lo que califican como procesos de “limpieza social”, al considerar que las intervenciones urbanas han reducido o eliminado sus espacios de trabajo.
Un activista del Frente Nacional por las 40 Horas afirmó al inicio de la investigación: “Estamos asistiendo al empleo de trabajadores de la construcción subcontratados, en su mayoría migrantes provenientes de Venezuela y Haití, y al alejamiento de personas que realizan trabajos informales, como vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales, en las zonas que rodean el Estadio Azteca”.
El reportaje recoge también la postura de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI, por sus siglas en inglés), organización que informó haber conseguido acceso a algunos proyectos después de meses de presión.
Ambet Yuson, secretario general de la organización, declaró que “después de un periodo inicial en el que se nos negó el acceso a las obras, logramos obtenerlo y trabajar regularmente en el sitio”.
Añadió que, tras la firma de un memorando de entendimiento entre la organización y la FIFA en octubre de 2025, mejoraron las condiciones para realizar inspecciones independientes.
La publicación afirma que buscó entrevistas con la CATEM, señalada en el reportaje como uno de los sindicatos involucrados en la representación laboral de trabajadores vinculados a los proyectos del Mundial.
Sin embargo, L'Espresso asegura que no obtuvo respuesta a sus cuestionamientos sobre las condiciones laborales en las obras. Tampoco, señala la investigación, recibió contestación de la FIFA a las solicitudes de información realizadas durante la elaboración del reportaje.
La investigación concluye señalando que diversos colectivos y organizaciones sociales han comenzado a referirse a la justa deportiva como “el Mundial del despojo”, debido a las consecuencias sociales atribuidas a los proyectos urbanos asociados al torneo.
Entre las denuncias documentadas se encuentran el incremento en el costo de la vivienda, presiones para desalojar comercios, afectaciones a trabajadores informales y condiciones laborales precarias para migrantes empleados mediante esquemas de subcontratación.
El artículo fue elaborado como parte de la iniciativa "¡Que se inicie! "Deporte por los derechos humanos" de la ONG Fair Play, que lleva a cabo campañas y actividades de sensibilización, educativas, políticas, mediáticas y cooperación global
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