Con niveles de violencia similares a Sinaloa, el estado de Morelos es foco de la descomposición que genera la impunidad.
Colindante con la Ciudad de México y refugio de miles de familias capitalinas por su belleza natural y clima de eterna primavera, es una entidad que debería ser estratégica en el tablero de Omar García Harfuch. La colusión entre autoridades y grupos criminales ha postrado al estado en la violencia e inseguridad.
Once organizaciones delictivas se disputan el territorio que ocupa el primer lugar en extorsiones a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 6.22 víctimas por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 5.67. Seis de los 30 municipios más violentos del país se encuentran en el estado gobernado por Margarita González Saravia. Se trata de Cuernavaca, Temixco, Cuautla, Emiliano Zapata, Yautepec y Jiutepec.
Morelos muestra una tasa de 29.9 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y supera a Sinaloa con 27 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Según la misma fuente (el SESNSP) de enero a agosto de 2026 se han denunciado formalmente 542 extorsiones y en el mismo periodo se han registrado ante autoridades ministeriales 810 despojos. Eso sin cuantificar la cifra negra de los delitos no denunciados que podría hacer crecer estos números en más de un 100 por ciento.
En medio de la crisis, la gobernadora reconoció que la entidad cuenta sólo con mil policías para atender 36 municipios, algo así como un policía por cada 2 mil habitantes. En Cuautla, epicentro de la violencia en la zona oriente, la población vive en la zozobra, una especie de estado de sitio auto impuesto por las condiciones de inseguridad en sus calles.
El Cártel de Sinaloa, Pueblos Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Rojos y Guerreros Unidos son los grupos criminales de alto impacto que operan y se disputan el territorio.
Estos datos son oficiales, están en el mapa del cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum durante sus reuniones de gabinete con los secretarios de la Defensa, Gobernación, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana. Increíblemente y a pesar del nivel de deterioro, se dijo desde Palacio Nacional que hasta dentro de 1 mes se dará a conocer un plan para fortalecer a las policías municipales y la estatal con refuerzos federales y presupuesto adicional. Es decir, el fuego puede esperar 4 semanas más en medio de la catástrofe que deja en indefensión a la población.
Es evidente la incapacidad y contubernio de funcionarios, policías y alcaldes que toman el dinero sucio de los criminales para hacerse de la vista gorda. Las ejecuciones son parte del contexto habitual en regiones donde la policía y la Guardia Nacional ni se meten, la llamada operación enjambre para investigar, detener y encarcelar a presidentes municipales vinculados al crimen organizado ha sido insignificante.
El feminicidio de la joven española Claudia Tacoronte en Cuautla, hizo visible el colapso morelense a nivel internacional. Este crimen evidenció el infierno de violencia porque de enero a agosto se han registrado 22 delitos de esta naturaleza en la entidad, un récord que indigna a todo el país.
Imposible pensar que esta crisis tiene un origen reciente, su génesis data de varios sexenios atrás. La espiral comenzó a agudizarse desde la administración del perredista Graco Ramírez entre 2012 y 2018, pero la entrega absoluta de la plaza a grupos del narcotráfico tuvo su auge durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco que coincidió con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2024. Margarita González Saravia lleva dos años sin rumbo, perdida con un paraguas en medio del huracán y maniatada por la necesidad política de encubrir el desastre heredado por Blanco, que se ufana de la impunidad que le garantiza el régimen político que lo solapa.
Morelos es un estado fallido donde gobierna el crimen bajo la displicencia del gobierno federal con una gobernadora rebasada y atemorizada.
EDICTOS
Les cuento que la Unión Internacional de Magistrados (International Association of Judges) un organismo prestigioso que agrupa a juzgadores de 93 países de los 5 continentes con sede en Italia, decidió expulsar de su estructura a la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México) que ha dejado de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a las asociaciones integrantes. Resulta que el detonador de esta determinación es el vergonzoso desempeño de Rafael Guerra Álvarez, Presidente en turno de la CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El esposo de Verónica De Gyves ha mostrado su respaldo incondicional a la reforma judicial que destruyó la autonomía del Poder Judicial de la Federación y se la pasa pavoneándose con cuanto morenista empoderado se le cruza enfrente.
Un motivo de ignominia para la judicatura mexicana que ya no pertenece más a la principal agrupación internacional de juzgadores independientes.
Recomendar Nota
