Pidieron al Estado investigar las denuncias de acoso, intimidación e interferencia contra madres buscadoras
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Pidieron al Estado investigar las denuncias de acoso, intimidación e interferencia contra madres buscadoras
Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al Estado mexicano investigar las denuncias de acoso, intimidación e interferencia que enfrentaron colectivos de madres buscadoras durante las protestas realizadas en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026. Asimismo, advirtieron que las autoridades deben garantizar el derecho a la libertad de expresión, la manifestación pacífica y la búsqueda de personas desaparecidas.
En un comunicado oficial, los especialistas expresaron preocupación por los reportes sobre presuntas acciones de hostigamiento contra familiares de personas desaparecidas que participaron en movilizaciones para visibilizar la crisis de desapariciones en México mientras el país concentraba la atención internacional por la celebración del torneo.
Los expertos señalaron que recibieron información sobre actos de vigilancia, intimidación y obstáculos para el desarrollo de las protestas, además de denuncias relacionadas con la remoción de mensajes y materiales colocados por los colectivos en espacios públicos para exigir la localización de sus familiares.
"Las personas que buscan a sus familiares desaparecidos deben poder ejercer sus derechos sin intimidación, represalias o restricciones indebidas", señalaron los relatores en el documento difundido por Naciones Unidas, al solicitar que los hechos se investiguen de manera pronta, independiente e imparcial.
Los especialistas recordaron que el derecho a la protesta pacífica constituye una garantía protegida por los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. En ese sentido, llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a evitar cualquier acción que limite o inhiba las manifestaciones de los colectivos de búsqueda.
También solicitaron que las investigaciones permitan determinar si servidores públicos o cualquier otra persona incurrieron en actos de intimidación o interferencia contra las familias buscadoras, y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
La comunicación de los expertos subraya que la labor de las madres buscadoras representa una actividad de defensa de derechos humanos, por lo que el Estado tiene la obligación de brindar condiciones para que desarrollen su trabajo sin riesgos ni presiones.
El pronunciamiento de Naciones Unidas ocurre en un contexto marcado por la persistencia de las desapariciones en México y por el trabajo que realizan cientos de colectivos ciudadanos para localizar a personas cuyo paradero permanece desconocido.
En distintos estados del país, las madres buscadoras organizan recorridos, búsquedas en campo y jornadas de protesta para exigir avances en las investigaciones. Durante el Mundial de Futbol, varios colectivos aprovecharon la presencia de medios internacionales para colocar el tema en la agenda pública mediante manifestaciones pacíficas y la instalación de fichas de búsqueda en espacios cercanos a las sedes deportivas.
Los expertos indicaron que la atención internacional generada por el torneo deportivo no debe convertirse en un motivo para restringir el ejercicio de derechos fundamentales, sino en una oportunidad para reforzar la protección de quienes buscan verdad y justicia.
Como parte del procedimiento de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, el gobierno mexicano deberá responder a las observaciones planteadas por los expertos e informar sobre las medidas adoptadas para esclarecer las denuncias y garantizar que las personas buscadoras puedan manifestarse sin sufrir intimidaciones.
El documento también solicita información sobre las acciones implementadas para proteger a defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas, así como los protocolos aplicados por las autoridades durante las movilizaciones realizadas en el contexto del Mundial.
La intervención de los relatores no constituye una resolución judicial, pero sí forma parte de los mecanismos internacionales de supervisión en materia de derechos humanos. Sus observaciones buscan que los Estados expliquen su actuación y, en su caso, adopten medidas para prevenir nuevas afectaciones.
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