En Guerrero, la democracia es un trámite burocrático para legalizar al crimen. Lo que impera es una gobernanza híbrida donde el Estado y la delincuencia organizada no sólo coexisten, sino que se fusionan para regular la vida social, el precio del huevo y el destino del presupuesto. La realidad maniobra con una crueldad mecánica. Al asumir el cargo, los alcaldes enfrentan un ultimátum: entregar el Ramo 33 —recursos federales para obra pública— o aceptar una muerte atroz. La resistencia se …
