Aseguran que la falta de regulación ha generado “tensiones jurídicas, vacíos regulatorios e incertidumbre”, afectando a usuarios y posibles comercializadores
...
Aseguran que la falta de regulación ha generado “tensiones jurídicas, vacíos regulatorios e incertidumbre”, afectando a usuarios y posibles comercializadores
Un amplio bloque de organizaciones de la sociedad civil lanzó un llamado urgente al Senado de la República para reactivar la discusión y aprobación de una legislación integral sobre cannabis, en medio de un vacío normativo que, advierten, ha profundizado desigualdades y dejado en indefinición a usuarios, autoridades y potenciales actores económicos.
En un pronunciamiento dirigido a la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, colectivos especializados en política de drogas, salud pública y derechos humanos señalaron que el Congreso mantiene una deuda legislativa desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta de la mariguana, al reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
A pesar de ese fallo —que abrió la puerta a autorizaciones sanitarias individuales— el país sigue sin contar con un marco regulatorio integral que ordene el mercado, establezca reglas claras y garantice condiciones de acceso, control y seguridad.
El costo de esta omisión, subrayan, no es menor. La falta de regulación ha generado “tensiones jurídicas, vacíos regulatorios e incertidumbre”, afectando tanto a personas usuarias como a quienes podrían participar en una industria legal. A ello se suma un sistema de permisos —operado por la autoridad sanitaria— calificado como “ineficaz y discriminatorio”.
Según el documento, el modelo actual ha derivado en una “ciudadanía de dos niveles”: por un lado, quienes pueden costear asesoría legal para obtener permisos; por otro, una mayoría que permanece en la ilegalidad, expuesta a riesgos como violencia y extorsión.
Las organizaciones advierten que esta ausencia de regulación tiene impactos diferenciados, afectando de manera desproporcionada a jóvenes y sectores de bajos recursos. “La criminalización selectiva es el costo real de la inacción legislativa”, sostienen.
Más allá del consumo, el planteamiento apunta a la transición de un mercado ilegal a uno regulado con enfoque de justicia social y reparación de daños. En ese sentido, destacan el potencial del cannabis como motor de desarrollo económico, generación de empleo, fortalecimiento del campo y acceso a tratamientos terapéuticos, además de su contribución a la recaudación fiscal.
El llamado ocurre en un contexto donde, a casi ocho años del criterio de la Corte sobre el autoconsumo, México sigue sin definir el modelo regulatorio que diversos países ya han implementado.
La presión ahora recae en el Senado que puede destrabar la legislación pendiente o prolongar un vacío que, según advierten las organizaciones, sigue teniendo costos sociales, económicos y de derechos humanos.
También te puede interesar
Recomendar Nota
Contacto
