Culiacán, Sin.- Dos años llevamos así.
En agosto de 2024 en Yucatán sucedieron dos asesinatos y en Sinaloa 45. Estábamos mal. En septiembre de ese año estalló la crisis en nuestro estado por la que en agosto de 2025 los homicidios dolosos fueron 131 y en agosto de 2026, 151.
Desde septiembre de 2024 en todos los meses han habido más asesinatos que antes de iniciar la crisis, no se ha vuelto a las cifras de dos dígitos. Siempre por arriba de 120 víctimas al mes. Sesenta veces más que en Yucatán.
Ni en meses continuos ha habido disminución sostenida. De noviembre de 2024 a febrero de 2025 tuvieron cantidades menores entre ellos, pero esa secuencia positiva se rompió y de marzo de 2025 a junio, en todos los meses sucedieron más asesinatos que el anterior, hasta llegar al pico máximo de 241 mensuales.
El presupuesto de la Fiscalía General del Estado para investigar y perseguir la comisión de estos delitos subió, de 2024 a 2025, solo 6.5 por ciento y, de 2025 a 2026, únicamente 5.5%.
En todo este tiempo, para prevenir el delito y garantizar la paz pública no se ha incrementado el número de elementos de las policías municipales y estatales, ni se ha aumentado su certificación en capacitación ni de control de confianza.
Se han debilitado las instituciones locales de seguridad pública para que no sean capaces de prevenir, perseguir y castigar los delitos del crimen organizado y se ha permitido su cooptación.
El Congreso del estado no ha establecido una deliberación profunda y organizada sobre las modificaciones legislativas y los cambios estructurales del gobierno que son necesarios para evitar que las crisis de seguridad y violencia de este tipo sucedan y para solucionar los problemas que han surgido a consecuencia de la narcopandemia.
El sistema penitenciario no ha sido fortalecido para que sea capaz de controlar lo que sucede en su interior. Durante la narcopandemia se han registrado al menos 10 muertes violentas por riñas y agresiones y cada “esculque” encuentra diversos objetos prohibidos dentro, como fusiles de asalto, subametralladoras, granadas de fragmentación, etc.
La educación escolar no ha sido habilitada con contenidos que confronten la narcocultura.
No se ha instrumentado ningún programa que atienda a los jóvenes vulnerables de ser reclutados por el crimen organizado de una forma integral, que atienda las causas de adicciones, necesidad económica, desintegración familiar y violencia.
El Estado mexicano no ha hecho lo necesario en dos años para detener la narcopandemia.
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