Cada migrante mexicano en Estados Unidos tiene una historia detrás. Sacrificio, nostalgia, familias separadas y, casi siempre, la búsqueda de oportunidades que no encontró en algún rincón de México. Millones se fueron porque aquí simplemente no pudieron construir la vida que querían.
Algunos prosperaron. Otros apenas sobrevivieron. Muchos nunca regresaron. Pero difícilmente puede cuestionarse el vínculo que mantienen con sus familias, sus raíces y con México.
Durante décadas aprendimos, además, a presumirlos.
Cada récord de remesas provoca celebraciones oficiales como si esos miles de millones de dólares fueran producto de alguna política económica exitosa. No lo son. Ese dinero existe precisamente porque millones de mexicanos tuvieron que salir del país para buscar en otro lado lo que aquí no encontraron.
Sus dólares pagan comida, medicinas, escuelas, casas y pequeños negocios. En numerosas comunidades sustituyen incluso lo que el desarrollo económico mexicano nunca pudo ofrecer.
Para recibir ese dinero jamás hemos tenido dudas sobre su mexicanidad.
El problema comienza cuando hablamos de sus derechos políticos.
La iniciativa presidencial que pretende impedir que mexicanos con doble nacionalidad puedan aspirar a una gubernatura o a la Presidencia de la República representa una regresión de décadas en nuestra relación con quienes viven fuera del país.
El mensaje puede resumirse sin demasiadas vueltas.
Sus dólares sí. Sus derechos no.
México pasó décadas intentando acercarse a sus comunidades en el exterior. Reconocimos la doble nacionalidad, ampliamos el voto desde el extranjero, construimos mecanismos de representación y repetimos orgullosamente que quien abandona el territorio nacional no deja por ello de ser mexicano.
Ahora resulta que sí, pero poquito.
Mandar dinero, invertir, sostener a sus familias, votar y defender a México desde Estados Unidos no genera ninguna sospecha. El problema aparece si alguno pretende algún día gobernar su estado o su país. Entonces sí, su segunda nacionalidad parece convertirse, por decreto, en motivo para desconfiar de su lealtad.
Como si tener dos pasaportes dividiera automáticamente la lealtad.
La residencia y el arraigo tampoco garantizan compromiso, honestidad ni buenos resultados. México está lleno de personajes que nacieron aquí, estudiaron aquí, hicieron toda su carrera política aquí y aun así han demostrado una extraordinaria capacidad para perjudicar al país.
El patriotismo no viene impreso en un pasaporte.
Hay además una dimensión que parece olvidarse. En Estados Unidos viven decenas de millones de mexicanos y personas de origen mexicano. Sus hijos estudian allá, trabajan allá, construyen empresas y carreras profesionales allá. Muchos conservan familia en México, hablan español, visitan nuestras ciudades, participan en nuestras tradiciones y mantienen una identidad profundamente ligada al país de sus padres y abuelos.
¿La respuesta de México será colocarles un techo político?
Durante años hemos exigido a Estados Unidos respeto absoluto a los derechos de nuestros migrantes. Protestamos contra cualquier intento de discriminarlos y reclamamos reconocimiento para quienes trabajan, pagan impuestos y contribuyen a aquella sociedad.
Sería una ironía monumental terminar discriminándolos nosotros.
Por supuesto que determinados cargos pueden requerir condiciones especiales por razones de seguridad nacional. Eso se puede discutir. Lo absurdo sería convertir automáticamente la doble nacionalidad en una especie de certificado de sospecha.
México tendría que estar pensando cómo conservar el vínculo con esas generaciones, no buscando nuevas maneras de alejarlas.
Nuestros migrantes no son una cifra de remesas para presumir cada mes ni una fotografía conveniente durante las campañas políticas.
Son mexicanos.
Durante décadas México extendió las dos manos para recibir sus dólares.
Ahora pretende utilizar una de ellas para cerrarles la puerta.
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