Las magistradas Dulce Yanet “V” y Lourdes Guadalupe “A”, pertenecen al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo de Tamaulipas
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Las magistradas Dulce Yanet “V” y Lourdes Guadalupe “A”, pertenecen al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo de Tamaulipas
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito por conceder un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, para evitar su extradición a Estados Unidos en 2018.
De acuerdo con la resolución de la Comisión de Disciplina, la justicia estadounidense buscaba juzgar al exmandatario por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Sin embargo, las magistradas Dulce Yanet “V” y Lourdes Guadalupe “A”, del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo de Tamaulipas, respectivamente, lo impidieron de manera irregular.
El TDJ indicó que ambas incurrieron en posibles resoluciones contrarias a constancias procesales, además de que suplieron indebidamente las deficiencias jurídicas del quejoso a fin de impedir su extradición.
En marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición de Hernández, quien promovió inicialmente un juicio de amparo en contra de esta determinación, mismo que le fue negado por un Juez de Distrito.
Inconforme con la negativa del amparo, en noviembre del mismo año, el exgobernador impugnó la sentencia ante un Tribunal Colegiado de Circuito, además de que presentó una recusación en contra del presidente de ese órgano jurisdiccional para que se abstuviera de conocer del asunto.
Ante tal situación, el magistrado presentó una excusa legal.
“El asunto estuvo sin movimiento por siete años hasta que a principios de diciembre de 2025 las magistradas hoy suspendidas, sin que el expediente estuviera listado, resolvieron el incidente de recusación y excusa, y dictaron sentencia en el juicio, mediante lo cual se modificó la sentencia del juez federal y concedieron el amparo para que se negara su extradición.
“Lo anterior bajo el argumento de que la cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculatoria”. Sin embargo, el TDJ indicó que la facultad sobre la extradición de una persona corresponde al Poder Ejecutivo.
Tras analizar el asunto, Rufino H. León Tovar, magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, indicó que la permanencia de las dos magistradas en el Tribunal Colegiado “podría generar una grave afectación a la impartición de justicia, al ponerse en duda su profesionalismo e imparcialidad en los juicios de amparo de su competencia”.
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