Tal parece que la denostada reforma judicial, que apenas va a cumplir dos años de haberse aprobado y menos de uno de haberse implementado con los cambios de juzgadores, podría enfrentar modificaciones profundas muy pronto. Parafraseando al poeta de la canción, esta ambiciosa y perniciosa transformación parece destinada a durar menos que “dos peces de hielo en un whisky on the rocks". Esta conclusión no nace de una simple intuición o agravio, sino de la observación directa y constatación del lamentable desempeño que han tenido algunos de los juzgadores de elección, un fenómeno que ha sido dolorosamente notorio no solo para el foro jurídico sino para la sociedad.
Los ejemplos de esta deficiencia técnica abundan en redes sociales y resultan alarmantes. Valga señalar, por su carácter absurdo, el caso de una audiencia inicial en un proceso penal en la que un juzgador tenía la intención de vincular a proceso a la víctima en lugar de quien era acusado de ser el victimario. La falta de conocimiento y técnica, en todas las materias y, sobre todo, en materia de juicio de amparo ha quedado evidenciada de manera recurrente en las discusiones de los tribunales colegiados de circuito y, desafortunadamente de la propia Suprema Corte de Justicia. Lo que hoy presenciamos en los tribunales es una impericia que no solo retrasa la justicia, sino que la desvirtúa.
Sin embargo, lo más revelador de este escenario no es solo la falla operativa, sino el origen del cambio que se avecina. Resulta paradigmático advertir que la iniciativa de reforma que hoy se presenta está respaldada por figuras que, en su momento, tuvieron una decisión fundamental sobre el tema y apoyaron el proyecto original. La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, el senador Javier Corral —actual presidente de la Comisión de Justicia en el Senado—, entre otros, han suscrito esta propuesta que toca uno de los puntos fundamentales de la reforma: el modelo de selección de perfiles.
Pero no basta con exigir suficiencia técnica y experiencia. Existe un segundo elemento, quizás igual o más pernicioso de la reforma actual que se mantiene y que, desde mi perspectiva, debiera ser modificado con urgencia: la independencia y autonomía de los juzgadores que integran el Poder Judicial frente a los demás órganos del Estado. Debemos recordar que la función jurisdiccional, por antonomasia, supone la capacidad de poner en tela de juicio la actuación del Estado de cara a salvaguardar los derechos de las personas. El juicio de amparo es el medio vital para frenar injusticias, ilegalidades y atropellos cometidos al amparo del poder público.
Por ello, una "contrarreforma" no estará completa si no aborda el problema de la autonomía, seriamente vulnerado por la elección popular de jueces. La tentación de los partidos políticos y del aparato gubernamental de capturar a los titulares de los órganos jurisdiccionales para influir en sus decisiones es mayúscula. Estamos ante una oportunidad invaluable para replantear el futuro de la justicia federal y local de manera seria. No se trata de regresar al pasado como si todo hubiere sido perfecto en el anterior Poder Judicial, ya que tenía, desde luego, elementos perfectibles y vicios que debían y deben corregirse.
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