A proceso, aquí, para frenar la extradición. No se trata, en sí, de prolongar la impunidad de un individuo, el gobernador Rocha. Se trata de mantenerlo aquí y en silencio por la vía que se requiera, porque de lo que en realidad se trata es de prolongar la impunidad del todo: del poder criminal injertado en el poder político. Ahora ‘se descubren’ graves delitos del gobernador, punibles aquí, que el régimen ocultó mientras la relación de Rocha con el cártel de su estado apuntalaba al grupo en el poder. Pero el propósito no es hacer justicia en los tribunales mexicanos -que resolverán lo que les dicten- sino mantenerlo bajo proceso en México para frenar la extradición.
Si se hubiera entregado. Ciertamente lo reclaman en Estados Unidos con fines punitivos, para su castigo corporal en un encierro de por vida. Pero también lo quieren para que denuncie a sus cómplices y protectores del poder político. Mientras sus sostenes en el régimen le garantizaban su impune permanencia en el cargo, nunca pensó Rocha que llegaría a desear la hospitalidad que le brindaría incluso la inhóspita prisión de alta seguridad de Colorado, que además lo reuniría con su antiguo socio, El Chapo Guzmán. Entregarse en Estados Unidos lo habría puesto a salvo de la estrecha vigilancia y el estricto silencio, bajo riesgo de su vida, que viviría -o vivirá- en una cárcel de alta seguridad, pero de acá.
Alarmas. A diferencia de los extraditados -y remitidos- a la justicia estadounidense por el régimen, todos, con certificado del mundo del hampa, la sola idea de aceptar el traslado de un gobernador del oficialismo, identificado como parte de ese mundo del hampa, prendió las alarmas, desde Palenque hasta el más remoto municipio de Morena gobernado por el narco. Sería ¿o será? el principio del fin.
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