Cada proceso electoral en México deja una cifra distinta sobre la violencia. Unas organizaciones contabilizan asesinatos; otras incluyen amenazas, atentados, secuestros o desapariciones. Algunas registran únicamente agresiones contra personas candidatas, mientras otras incorporan también a funcionarios públicos, familiares o integrantes de equipos de campaña. Las diferencias suelen provocar confusión y cuestionamientos sobre cuál medición es la correcta. Sin embargo, la respuesta es mucho más sencilla: antes de contar la violencia, debemos definir qué entendemos por violencia electoral.
La construcción de una definición constituye el punto de partida para cualquier análisis serio sobre el fenómeno. No se trata de un debate académico aislado, sino de una decisión que determina qué hechos se registran, qué riesgos se identifican y qué políticas públicas pueden diseñarse para prevenirlos.
Una de las aproximaciones más completas es la desarrollada por la International Foundation for Electoral Systems (IFES), que entiende la violencia electoral como cualquier acto o amenaza destinado a influir en un proceso electoral mediante la intimidación, la coacción o el daño contra actores políticos.¹ Esa definición ha sido útil durante años para documentar agresiones dirigidas a alterar la competencia electoral.
Sin embargo, la realidad mexicana obliga hoy a ampliar ese marco conceptual.
La violencia político-criminal ha evolucionado. En diversas regiones del país ya no busca únicamente influir en las campañas, inhibir la participación ciudadana o modificar el resultado de una elección. Cada vez con mayor frecuencia pretende controlar quién gobierna, cómo gobierna y bajo qué condiciones ejerce el poder público.
Desde esa perspectiva, la violencia electoral puede definirse como todo acto o amenaza destinado a intimidar, coaccionar o dañar a personas, instituciones o comunidades vinculadas con el ejercicio de los derechos político-electorales, con el propósito de influir, alterar o controlar la selección de candidaturas, las campañas, la votación, la asignación de los cargos de elección popular o el ejercicio del poder democráticamente conferido.
La evidencia respalda esta evolución del fenómeno. De acuerdo con Integralia, el proceso electoral 2023-2024 registró 889 víctimas de violencia política, lo que representó un incremento de 197.3% respecto del proceso 2020-2021 y de 132.7% frente al de 2017-2018. Asimismo, 75% de los ataques contra candidaturas se concentró en el ámbito municipal y 92% de las candidaturas asesinadas buscaban cargos municipales, principalmente presidencias municipales.²
Estos datos no son casuales. Confirman que el ámbito municipal se ha convertido en el espacio donde convergen con mayor intensidad la disputa política y los intereses de organizaciones criminales que buscan controlar territorios, presupuestos, cuerpos policiales, mercados ilícitos y decisiones de gobierno.
Por su parte, Laboratorio Electoral documentó 320 hechos de violencia electoral durante el mismo proceso, entre ellos 93 asesinatos, 131 amenazas, 77 atentados y 17 secuestros.³
¿Significa esto que uno de los estudios está equivocado? En absoluto. Integralia contabiliza víctimas de violencia política; Laboratorio Electoral registra hechos de violencia electoral. Ambos utilizan metodologías rigurosas, pero parten de universos de análisis distintos. La diferencia confirma una conclusión fundamental: la manera en que definimos un fenómeno determina también la manera en que lo medimos.
La transformación del fenómeno puede observarse con claridad en un caso real, pero que omitiré los datos personales, de una presidenta municipal. Ella fue electa democráticamente, secuestrada en septiembre de 2023 y asesinada en 2024, cuando aún ejercía el cargo. Después de su homicidio, diversos integrantes del cabildo manifestaron públicamente su temor para asumir la presidencia municipal debido a las amenazas del crimen organizado. La elección ya había terminado. Lo que estaba en disputa no era el resultado de las urnas, sino el ejercicio mismo del gobierno municipal.
Ese caso refleja un cambio profundo. La violencia ya no concluye con la jornada electoral. Continúa durante la transición y puede prolongarse a lo largo del ejercicio del cargo mediante amenazas, asesinatos, extorsiones o presiones destinadas a influir en decisiones de gobierno, nombramientos o políticas públicas.
Por ello, sostengo que la violencia electoral en México ha dejado de ser, en muchos casos, un instrumento para alterar una elección y se ha convertido en un mecanismo para capturar el ejercicio del poder público legítimamente conferido por la ciudadanía.
Esta evolución plantea nuevos desafíos para las autoridades electorales, las instituciones de seguridad y los sistemas de procuración de justicia. También exige revisar nuestras categorías analíticas. Si seguimos utilizando conceptos diseñados para una realidad que ha cambiado, difícilmente podremos comprender la magnitud del problema o construir respuestas eficaces.
Definir correctamente la violencia electoral no constituye un ejercicio semántico. Es el primer paso para comprender un fenómeno que hoy amenaza no sólo el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes, sino también el derecho de quienes resultan electos a ejercer, con autonomía y seguridad, el mandato democrático que las urnas les confirieron. Porque cuando la violencia logra controlar el ejercicio del poder público, ya no sólo está en riesgo una elección: está en riesgo la democracia misma.
Notas
1. International Foundation for Electoral Systems (IFES), Electoral Violence Education and Resolution (EVER) Framework.
2. Integralia Consultores, Reporte Final de Violencia Política. Balance postelectoral 2023-2024.
3. Laboratorio Electoral, Violencia Electoral. Proceso Electoral 2023-2024. Informe final
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