Puede ser una bravata más, pero…
Avisados estamos de una intervención terrestre del Ejército de Estados Unidos a México para tomar el control de algunos puertos y aeropuertos clave.
Tal vez sea otro desplante, aunque más vale tomarlo en serio.
Salvo que no se quiera leer lo dicho ayer por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la conferencia organizada por el Comando Sur, ayer en Miami.
Dijo que su país está bajo “amenaza existencial” por el control que ejercen los narcos sobre ciudades e infraestructura “cerca de las fronteras y las costas de Estados Unidos, o se benefician de la migración ilegal masiva”.
De nada sirve discutir si Estados Unidos tiene mucha, poca o ninguna razón. Lo urgente es evitar la intervención militar del vecino del norte.
El problema político en que se metió Trump al lanzar una guerra en Irán -al parecer durará más de lo previsto-, es un incentivo para el éxito rápido en la toma de puertos y aeropuertos mexicanos.
Pretextos tienen, y se los debemos a la permisividad -que se tradujo en encubrimiento y protección- del entonces presidente López Obrador hacia los grupos criminales.
También fue obra de AMLO por haber entregado aduanas, puertos y aeropuertos a la Marina.
Nuestra Armada, que hasta 2018 era una institución ejemplar, está penetrada por el crimen organizado.
El exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán es posible encubridor de las actividades criminales de altos mandos de la Armada, según revelan los audios dados a conocer por Aristegui Noticias y por lo que afirmó el entonces presidente López Obrador en las postrimerías de su mandato. Ojeda sabía.
Hay que recuperar cuanto antes el control del puerto de Manzanillo, por donde entran los precursores chinos para la fabricación de fentanilo.
Hay que recuperar los puertos de Tamaulipas, centro de operaciones de delitos graves que, según el presidente Trump y su secretario de Defensa, suponen una amenaza existencial para Estados Unidos.
La presidenta Sheinbaum puede, tal vez, evitarle al país una invasión focalizada de tropas de Estados Unidos. Para ello, obviamente, necesita romper los pactos de su partido con los cárteles.
No se puede defender a México y a gobernadores de Morena al mismo tiempo.
Tampoco se puede defender a México y, a la vez, a altos funcionarios de la actual administración, ligados al financiamiento de los cárteles a campañas del partido Morena.
El Estado mexicano debe recuperar el control de Tamaulipas, cuyo gobernador es señalado por un alto exintegrante del equipo del presidente López Obrador, como beneficiario del dinero del crimen organizado.
Sinaloa no puede seguir con el gobernador Rocha Moya al frente, que llegó al cargo con el apoyo armado del Cártel de Sinaloa.
Por seguridad nacional, deben ser procesados los funcionarios del gobierno de Sinaloa que ordenaron el montaje para hacer creer que el exrector Héctor Melesio Cuén fue asesinado en un asalto a una gasolinera.
A Cuén lo mataron en la casa de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, donde iba a reunirse con el gobernador Rocha Moya y con el Mayo Zambada.
El gobierno federal no ha tocado al gobernador de Sinaloa por, al menos, una razón deleznable: el golpe electoral que significaría para Morena su desafuero y posterior aprehensión o lo que en derecho proceda.
Chiapas debe ser liberado de los cárteles de las drogas y del tráfico ilegal de seres humanos, que controlan territorios en la frontera sur y rutas hacia Estados Unidos.
La presidenta Sheinbaum aún puede, tal vez, evitar la afrenta de una intervención extranjera.
Si el gobierno mexicano no hace la tarea, y pronto, la hará Estados Unidos. Eso es lo que se lee en lo dicho por Hegseth.
