Culiacán, Sin.- El viejo refrán advierte que lo que empieza mal suele terminar peor. No se trata de fatalismo, sino de simple lógica: cuando un proyecto nace con premisas equivocadas, es difícil que produzca buenos resultados.
Eso parece ocurrir con el proceso de reforma electoral impulsado desde el poder.
Desde su origen, la llamada Comisión Presidencial para la Reforma Electoral dejó claro que no se trataba de un ejercicio plural de reflexión democrática, sino de un mecanismo diseñado dentro del propio aparato gubernamental. Su integración —encabezada por Pablo Gómez Álvarez y conformada por funcionarios cercanos a la Presidencia— hacía previsible que las conclusiones difícilmente se apartarían de la línea política del régimen; era evidente que el ejercicio nacía con una visión limitada y poco incluyente. El resultado deja de ser una reforma de Estado y se convierte en una reforma de gobierno.
Más preocupante aún es el enfoque del debate.
La narrativa oficial ha insistido en temas de fácil impacto mediático: supuestos ahorros presupuestales, la eliminación de los llamados “plurinominales” o ajustes administrativos en la estructura electoral. Son asuntos que pueden resultar atractivos para el discurso político; nunca se planteó mejorar la representación política para que los votos se traduzcan con mayor fidelidad en el número de curules de cada fuerza política. Tampoco se buscó eliminar la sobrerrepresentación permitida del 8 por ciento ni respetar plenamente el límite constitucional de 300 diputaciones para un mismo partido o coalición.
Pero desde Sinaloa -con la memoria aún fresca- esperábamos escuchar que se abordara el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana.
Ese problema tiene nombre: la creciente influencia del dinero ilícito y del crimen organizado en los procesos electorales.
Cuando el crimen logra penetrar la política, la democracia se distorsiona. Las elecciones dejan de ser una competencia entre proyectos y se convierten en una disputa donde también intervienen actores armados, recursos ilegales y mecanismos de intimidación.
En Sinaloa conocemos bien esa realidad.
La elección de 2021 dejó episodios preocupantes: denuncias de robo de urnas, destrucción de casillas, amenazas en comunidades serranas y presencia de grupos armados durante la jornada electoral. Más allá de los resultados finales, esos hechos dañaron profundamente la confianza ciudadana en la integridad del proceso democrático.
No es un problema local. Diversos estudios y reportes de seguridad han advertido que la presión del crimen organizado sobre candidatos, partidos y autoridades municipales se ha convertido en un fenómeno creciente en distintas regiones del país.
Frente a este escenario, una verdadera reforma electoral debería concentrarse en blindar los procesos democráticos.
Eso implica fortalecer los mecanismos de fiscalización del dinero en campañas, mejorar la coordinación entre autoridades electorales, instituciones de seguridad y unidades de inteligencia financiera, y establecer controles más estrictos para prevenir vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos. Vigilar de manera permanente el comportamiento interno de los partidos aun fuera del periodo electoral.
Blindar los procesos electorales frente al crimen organizado debería ser una prioridad nacional.
La democracia mexicana no necesita reformas diseñadas para ganar titulares o simpatías momentáneas.
Necesita instituciones capaces de defender el voto ciudadano frente a quienes pretenden capturar la política mediante el miedo o el dinero ilegal.
Ignorar ese problema no lo hará desaparecer.
Por el contrario: lo hará crecer.
Y cuando las reformas evitan enfrentar los desafíos de fondo, la historia suele confirmar la sabiduría del viejo refrán: cuando algo empieza mal… inevitablemente termina mal.
