Dentro del tema sobre el que venimos reflexionando —cómo construir hoy una obra colectiva de la que podamos sentirnos orgullosos—, en mi entrega anterior afirmé que, para lograr un orgullo de logro legítimo, “el objetivo debe ser resolver un problema público de manera significativa, cuantificable y verificable”.
Si te estoy retando a que hagamos algo así, seguramente quieres que antes responda: ¿qué es un problema público? y ¿se pueden resolver?
Primera respuesta: en políticas públicas, se define un problema público como una situación que afecta a una colectividad y que, por su naturaleza, no puede ser resuelta por un individuo de forma aislada, requiriendo decisiones y recursos comunes. Es decir: son públicos aquellos problemas —como el tráfico, la inseguridad o la escasez de agua— en los que ningún ciudadano puede garantizarse una solución duradera sin la colaboración de los demás.
Sobre la segunda pregunta, muchos de estos desafíos entran en la categoría de wicked problems (problemas retorcidos): no tienen una solución única ni final y están en constante cambio. Sin embargo, el que no tengan una "cura" definitiva no significa que no puedan ser significativamente atenuados hasta reducir drásticamente las afectaciones que producen. La historia urbana reciente nos regala dos pruebas contundentes.
Primer caso: Curitiba, Brasil. El alcalde Jaime Lerner definió como su objetivo mejorar la calidad de vida de sus gobernados reduciendo el creciente tráfico. A falta de presupuesto para obra pública, se puso a observar los patrones de movilidad que provocaban el caos, y concluyó que el problema se podía disminuir modificando el sistema de transporte. Así concibió el metrobús: un modelo de carriles exclusivos y estaciones de abordaje que hoy encontramos en muchos países.
Segundo ejemplo: Medellín, Colombia. La ciudad, que llegó a ser la más violenta del mundo, redujo la criminalidad en zonas de alta violencia —como la Comuna 13— sustituyendo la fuerza bruta por participación y urbanismo social. Se hicieron proyectos de movilidad e integración, como las escaleras eléctricas en laderas antes inaccesibles, que devolvieron conectividad y dignidad a sus habitantes, contribuyendo a la paz.
La respuesta, entonces, es clara: los problemas públicos sí se pueden resolver.
Ahora bien, en ambos ejemplos el impulso provino de liderazgos gubernamentales con creatividad y capacidad técnica. Lamentablemente, los gobiernos de México están lejos de eso. Un ejemplo pertinente es la desastrosa obra con que Layda Sansores intentó emular en Álvaro Obregón, CDMX, lo realizado en la Comuna 13: un proyecto de escaleras eléctricas en espacios públicos, de más de 150 millones de pesos, que hoy luce abandonado y convertido en un basurero.
Esto nos devuelve a una conclusión que ya habíamos anticipado: en nuestro país existen problemas públicos que pueden —y deben— ser resueltos, pero la solución no vendrá del gobierno. Si queremos resultados distintos, la labor de observar, diseñar y ejecutar soluciones debe ser asumida por la sociedad civil.
Confiando en haberte convencido de que los problemas públicos sí se pueden resolver, la próxima semana empezaré a explicar cómo puede hacerlo la ciudadanía organizada.
