La presidenta de México emitió el domingo pasado un mensaje desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral.
En la parte política de su discurso enfatizó que México no acepta intervencionismos ni presiones externas; aseguró que el país ha cambiado, rechazó las críticas de la oposición y sostuvo que en México se gobierna con el pueblo, dejando atrás los privilegios de los regímenes del pasado.
También convocó a la ciudadanía a realizar asambleas en plazas públicas para difundir una consigna que se ha convertido en eje de su narrativa política: “La patria no se vende, se ama y se defiende”.
La presidenta llamó a defender la soberanía nacional frente al injerencismo extranjero, denunció campañas mediáticas contra su gobierno y cuestionó los intereses de Estados Unidos en nuestro país.
Se trató de un discurso cargado de simbolismo patriótico y llamados a la unidad nacional, enmarcado en lo que la ciencia política denomina rally around the flag syndrome, o “efecto de unidad en torno a la bandera”: el fenómeno mediante el cual los gobernantes suelen incrementar temporalmente su popularidad cuando enfrentan amenazas o conflictos externos.
La estrategia es conocida y, en determinadas circunstancias, suele ser eficaz. El problema es que la amenaza principal que enfrentan hoy los mexicanos no proviene del exterior.
Proviene de la violencia, la impunidad, la corrupción, la captura territorial por parte del crimen organizado y la incapacidad institucional para garantizar seguridad y justicia.
Por ello, las asambleas convocadas por el gobierno deberían empezar por realizarse en Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua y Colima, entidades que concentran buena parte de los homicidios dolosos del país. Ahí habría que explicar cómo se gobierna con el pueblo cuando miles de ciudadanos viven bajo el temor permanente de la violencia.
Luego deberían celebrarse en el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, donde se concentra una proporción significativa de las personas desaparecidas y no localizadas. Ahí sería necesario responder cómo una nación puede presumir fortaleza institucional mientras enfrenta una crisis humanitaria que ha dejado decenas de miles de cuerpos y restos humanos sin identificar.
Sería igualmente pertinente realizarlas en Guerrero, donde comunidades enteras han sido desplazadas por la violencia. Familias indígenas abandonan sus hogares para sobrevivir, mientras el Estado observa con frecuencia desde la distancia burocrática.
Y, desde luego, tendrían que celebrarse en Tabasco y Tamaulipas para explicar cómo organizaciones criminales han logrado infiltrarse en estructuras gubernamentales y desarrollar actividades ilícitas de enorme rentabilidad con la presunta complicidad de funcionarios, empresarios y servidores públicos.
Por supuesto que la soberanía importa. Ningún mexicano digno puede aceptar presiones indebidas de gobiernos extranjeros ni renunciar al principio de autodeterminación nacional.
Pero la soberanía no puede convertirse en un recurso retórico para evadir responsabilidades internas.
No es soberanía que amplias regiones del país sean controladas de facto por organizaciones criminales.
No es soberanía que miles de familias busquen a sus desaparecidos sin apoyo institucional suficiente.
No es soberanía que más de 90 por ciento de los delitos permanezca impune.
No es soberanía que millones de expedientes se acumulen en fiscalías incapaces de ofrecer justicia pronta y efectiva.
La verdadera amenaza a la nación no es la crítica proveniente del extranjero. Tampoco lo son los reportajes incómodos, las investigaciones periodísticas o los cuestionamientos de gobiernos externos.
La verdadera amenaza es que los mexicanos terminemos normalizando la violencia, la impunidad y el deterioro institucional mientras se nos convoca a cerrar filas detrás de discursos patrióticos.
La soberanía no se defiende únicamente con banderas, himnos y concentraciones multitudinarias. Se defiende garantizando que los ciudadanos puedan vivir sin miedo, ejercer plenamente sus libertades, acceder a la justicia y confiar en sus instituciones.
Porque cuando un Estado pierde el control de partes de su territorio, fracasa en proteger a su población y permite que la impunidad se convierta en regla, el problema ya no es el injerencismo extranjero.
El problema es que la soberanía comienza a convertirse en una ficción, un discurso vacío.
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