El alcalde de Houston y el fiscal denunciaron ante la prensa un "bloqueo institucional absoluto" por parte de las agencias federales
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El alcalde de Houston y el fiscal denunciaron ante la prensa un "bloqueo institucional absoluto" por parte de las agencias federales
El alcalde de Houston, John Whitmire, y el fiscal del distrito del condado de Harris, Sean Teare, acusaron formalmente al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ocultar de forma deliberada, pruebas de gran importancia sobre la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido el pasado martes por un agente de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el barrio de Magnolia Park.
Las máximas autoridades locales denunciaron ante los medios de comunicación un "bloqueo institucional absoluto" por parte de las agencias federales. El fiscal Sean Teare detalló que el FBI monopolizó la escena y mantiene bajo estricto resguardo evidencias fundamentales, negando a los investigadores judiciales locales el acceso directo a la camioneta blanca en la que viajaba la víctima al momento del tiroteo.
Por su parte, el alcalde Whitmire manifestó su profunda frustración al revelar que la administración de la ciudad ofreció la cooperación del Departamento de Policía de Houston (HPD) para realizar un peritaje conjunto, pero esto fue descartado sin mayores explicaciones por la agencia federal. Ante esta falta de transparencia, Whitmire prometió que el gobierno local agotará los recursos legales necesarios para emprender una indagatoria estatal totalmente independiente.
El caso ha generado una fuerte indignación civil luego de que portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del propio ICE admitieran formalmente que Lorenzo Salgado, un carpintero de 52 años y respetado miembro de la comunidad que residía en EU desde hace más de tres décadas, no era el objetivo del operativo migratorio. Los agentes federales buscaban en realidad a dos sospechosos de origen guatemalteco y abrieron fuego contra la camioneta de Salgado tras confundir visualmente a uno de sus pasajeros.
La versión oficial del DHS, que justifica el uso de la fuerza letal argumentando que la víctima intentó utilizar su vehículo como arma para embestir a un oficial, ha quedado severamente debilitada en las últimas horas. Los testimonios de tres pasajeros arrestados que viajaban junto a Salgado se hicieron públicos para contradecir rotundamente al gobierno federal, asegurando que ningún agente estuvo en una posición de peligro ni fue embestido.
A este factor se suma la confirmación parlamentaria hecha por la congresista Sylvia García, quien denunció que los elementos encubiertos de ICE que participaron en el despliegue no portaban cámaras corporales ni de tablero (dashcams), eliminando la existencia de un registro visual oficial directo del suceso.
La controversia escaló a nivel penal internacional tras la difusión de dictámenes científicos y la intervención del gobierno mexicano. Abogados de la familia denunciaron que, tras recibir un impacto de bala penetrante en el torso, Salgado recibió un trato inhumano al ser esposado mientras agonizaba, retirándole incluso sus pertenencias antes de su traslado definitivo al hospital donde falleció.
El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris clasificó oficialmente la causa de muerte de Lorenzo Salgado Araujo como un homicidio, contradiciendo la noción de una respuesta legítima de defensa propia.
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