Semana 27, medio año de La Aurora. Ernesto Ruffo en la cárcel y acusado por contrabando de combustibles.
Es un hecho de alto impacto, porque pega en la memoria de la propia transición democrática, ya que el detenido fue el primer gobernador que surgió de la oposición, logrando derrotar al PRI por primera vez en la historia.
Baja California, por ello, se convirtió en un referente sentimental de aquella historia.
Su captura llega, además, en un momento en que el régimen enfrenta crisis sucesivas: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, es solicitado por una corte de justicia en Nueva York por su presunta vinculación al Cártel de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, la mandataria bajacaliforniana, ya no puede ocultar el enorme enredo que significó la cancelación de su visa para viajar a Estados Unidos y de los expedientes que pronto verán la luz pública.
Por ello contrasta la defensa que se hace, desde el más alto poder político de estos mandatarios, y la vía libre para detener a Ruffo, un integrante del PAN de larga trayectoria y ahora cercano a Somos MX.
Son dos varas, eso es evidente, más allá de lo que en su momento determinen los jueces, los de Estados Unidos y los de México, dependiendo el asunto.
El propio régimen añorará lo que destruyó. Ahora, más que nunca, les ayudaría contar con un Poder Judicial independiente, que alejara sospechas. Pero eso ya no es posible, porque las brumas en las que se conducen los nuevos jueces llenan de dudas sus resoluciones.
También se extraña que la precisión y oportunidad no sea para otros casos, también relacionados con el huachicol, no por compensación estratégica, sino por mandato de ley.
¿Dónde están los socios, protectores y cómplices de Sergio Carmona, el Rey del Huachicol asesinado en 2021? ¿Contra ellos no habrá sanción alguna?
Respecto a Ruffo, la indagatoria de la FGR inició desde el año pasado, cuando se aseguraron carros tanque de ferrocarril en Ramos Arizpe, Coahuila.
Hay 25 objetivos prioritarios, entre los que se encuentran empresarios, agentes aduanales y servidores públicos.
Es una amplia red que estructura desde lo logístico hasta la venta final del producto que, de acuerdo con las autoridades, representa un daño a la hacienda pública por 106 mil millones 800 mil pesos, al menos.
Es apenas un esbozo del que no se puede adelantar mucho más. Ruffo tendrá que defenderse y argumentar, y a partir de ello iremos teniendo un panorama más completo.
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