Mi solidaridad con Ernesto Ruffo
La detención de Ernesto Ruffo debería indignarnos y alarmarnos. Hoy las autoridades pretenden convencernos de que el primer gobernador panista es nada menos que el cerebro del llamado huachicol fiscal y que, por ello, merece ser recluido en un penal de máxima seguridad. Todos los que hemos tratado con Ruffo tendremos una opinión personal del personaje, pero no creo equivocarme al decir que nadie ve a Ruffo como el jefe de los Carmona y de sus cómplices morenistas. En este asunto no hay que perder de vista el contexto político en el que ocurre.
Vale la pena recordar un hecho relevante. El gobierno ya había intentado judicializar este asunto y un juez de carrera desestimó las imputaciones. Lejos de aceptar ese revés, el gobierno volvió a presentar el caso y ahora encontró una resolución favorable de una juzgadora llegada al Poder Judicial tras la reforma impulsada por el oficialismo. Esa secuencia inevitablemente alimenta la sospecha de que la independencia judicial está siendo sustituida por la obediencia política.
No es casualidad que el personaje sea Ruffo. Fue quien rompió el monopolio político del PRI al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 y se convirtió en uno de los símbolos históricos del PAN. En momentos en que el morenismo se encuentra seriamente cuestionado por el comportamiento de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la percepción pública es la de una persecución política a un adversario para desviar la atención de los muy graves problemas que tiene el gobierno morenista.
Pero el daño de los jueces a modo va mucho más allá de la grosera persecución a un opositor. Presenta gravísimas consecuencias económicas.
Ninguna economía puede crecer de manera sostenida sin jueces independientes. Ningún inversionista arriesga su patrimonio, genera empleos si sabe que, llegado un conflicto, quien resolverá el litigio será un juez cuya lealtad está con el gobierno y no con la ley. La certeza jurídica no es una exquisitez intelectual, es la condición indispensable para que exista inversión, crédito, innovación y crecimiento.
No es casualidad que México atraviese un periodo de estancamiento. La inversión privada esta detenida, la creación de empleos formales se desacelera y la confianza empresarial esta destruida. Son muchos los factores que explican este desempeño, pero la erosión del Estado de derecho ocupa un lugar central. Cuando desaparecen los contrapesos institucionales, también desaparece la confianza para invertir.
Lo peor que puede hacer un gobierno es destruir la independencia de los tribunales. Porque cuando los jueces dejan de responder al derecho para responder al poder, nadie tiene garantizada la protección de su patrimonio, de sus contratos o de sus libertades.
La reforma al Poder Judicial es un retroceso democrático y también constituye uno de los mayores obstáculos para el crecimiento económico de México. Mientras no recuperemos tribunales verdaderamente independientes, seguiremos atrapados en un país donde la inversión se frena, el empleo escasea y el poder político pesa más que la ley. Sin Estado de derecho no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión, simplemente, no hay crecimiento.
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