Hace una semana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios dolosos disminuyeron 62 por ciento en Zacatecas entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.
Eso no significa que el crimen organizado perdió capacidad de asesinar y, mucho menos, que perdió el control del territorio.
Hace cinco días, 10 cadáveres, semidesnudos y con signos de violencia, fueron arrojados en tres municipios de Zacatecas. Cinco colgados de un puente vehicular en la carretera federal 54; tres cerca de una clínica del IMSS, y uno a un costado de carrera federal 45.
Impunemente, el crimen organizado usa los espacios públicos para sus actividades sin que la autoridad garantice el orden y la paz. El territorio es de la delincuencia.
Entre las víctimas se encuentran empresarios, funcionarios y exfuncionarios del ayuntamiento y de la policía municipal, incluso un exalcalde.
Ni las personas con visibilidad pública están protegidos de la violencia. No hay límite alguno.
El crimen organizado en Zacatecas sigue asesinando cuando lo quiera hacer, donde lo quiera hacer y haciendo gala de que lo puede hacer. El número de asesinatos depende de logística no de pérdida de capacidad.
Las cifras oficiales de homicidios dolosos pueden disminuir por razones muy distintas a la recuperación del territorio por el Estado.
Disminuyen cuando los delincuentes deciden esconder los cadáveres.
Disminuyen cuando un grupo delincuencial tiene un control absoluto del territorio y no necesita asesinar a personas de grupos opositores. Estos periodos suelen durar muy poco. Generalmente llegan rivales de afuera o se producen divisiones internas.
Disminuyen cuando la delincuencia tiene el dominio sobre las personas de un territorio, tienen su obediencia, y no necesitan asesinarlos para despojarlos de sus propiedades o hacer que se comporten como les indican.
Disminuyen cuando las fiscalías estatales hacen trampa al reportar la información, aprovechando que no las auditan y la metodología es tan laxa que les permite hacer clasificaciones de delitos en forma arbitraria.
Los periodistas Nayeli Roldán y Josua Esquerra reportaron cómo, en Sinaloa, el cuerpo de un hombre fue localizado maniatado, con señas de tortura y un mensaje. Su muerte no fue registrada como homicidio, sino como “causa de muerte por determinar”. El caso quedó fuera de la estadística de asesinatos.
La masacre de Zacatecas demuestra que hay logros gubernamentales que solo son de papel.
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