Hace dos años la mayoría calificada del Congreso fue creada artificialmente por el INE de Taddei (52% de los votos se convirtieron en 75% de las curules), por lo que aprobó la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para controlar al Poder Judicial mediante la elección de sus jueces (con un acordeón) y el establecimiento de una “inquisición” que controlara sus sentencias. En ese entonces, algunos de mis excolegas en la universidad donde trabajaba, personas de buenas intenciones afines a la 4T, celebraban el proceso mostrando su dedo entintado luego de haber participado en la “elección” de los jueces. Ellos formaron parte de aquel 10% de los electores que emitieron su voto válido. No sé si hoy mis excompañeros se dan cuenta de su ingenuidad o miopía ideológica, pero era claro desde entonces que con esa y otras decisiones el gobierno de López Obrador, y luego de Sheinbaum, estaban eliminando nuestros derechos y colocándonos en la total vulnerabilidad jurídica. Es difícil entender que personas que tienen información abundante, criterio amplio y cierta actitud crítica no se hayan dado cuenta o no les haya importado lo que aquellas decisiones implicaban. Hoy tenemos las consecuencias ante nosotros.
Ha habido muchas injusticias y el doble rasero en la aplicación de la justicia es una constante desde hace ya años, como el encarcelamiento preventivo de Rosario Robles o de Alejandra Cuevas. Las violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia lacerada por las reformas que aumentaron la lista de delitos sujetos a prisión preventiva de oficio, y unos procedimientos claramente cuestionables, nos dejaron en una vulnerabilidad absoluta. Hoy lo estamos viviendo con Ernesto Ruffo, cuya implicación en un caso de huachicol fiscal no parece cumplir con lo mínimo para ejercer la acción penal en su contra.
Más bien, lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de aquella iniciativa de Sheinbaum para tomar al Poder Judicial por asalto. Por un lado, para evitar que ninguno de los suyos enfrente la justicia ni pise la cárcel, como ha quedado de manifiesto en numerosas ocasiones, y por el otro tener un instrumento para perseguir y encarcelar a quienes el régimen decida, por cualquier razón que le convenga. Si el primer juez (de carrera) no encontró pruebas suficientes para dictar orden de aprehensión contra Ruffo, la fiscalía rápidamente se cambió de ventanilla para que el caso lo revisara una juez afín, electa mediante acordeón, para ahora sí poder encarcelarlo de manera “legal”.
Recordemos también que el Tribunal de Disciplina Judicial creado con la reforma de Sheinbaum ya ha sancionado a más de 53 jueces de carrera, presumiblemente por no dictar sentencias acordes con el régimen, y sólo ha sancionado a una jueza electa con “acordeón”. Hace unos días, antes de conocer el caso de Ruffo, María Julia García, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación, comentó a Expansión que el Tribunal de Disciplina podría sancionar cualquier criterio judicial si consideraba que “no se ajustan al interés social", un concepto tan amplío en el que "cabe cualquier cosa”. (https://politica.expansion.mx/mexico/2026/07/14/tribunal-de-disciplina-judicial-castiga-a-juzgadores-carrera).
Es decir, te llevan a la cárcel, si así lo decide la presidenta actual o su antecesor, de una manera u otra. Y lo estamos viendo, una vez más, con Ernesto Ruffo.
No sé si mis excolegas de la universidad donde trabajaba y que celebraron la elección judicial como un avance de nuestra democracia sigan pensando igual, o si son conscientes de lo que entonces votaron. Deben saber que su voto, hiperminoritario, ha dejado en la vulnerabilidad a 130 millones de mexicanos. Y de paso, ha dejado sin posibilidades de empleo a muchos millones de personas por la caída tan drástica de la inversión, consecuencia directa de la pérdida de autonomía del Poder Judicial.
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