Hay una forma muy eficaz de borrar responsabilidades: atribuirlas a instituciones. "El INE decidió". "El Consejo aprobó". "La mayoría determinó". Las instituciones no deciden. Deciden las personas que las integran, con nombre y con consecuencias para su legado.
El 3 de septiembre, días antes de que arrancara formalmente el proceso electoral 2026-2027, el Consejo General del INE eliminó el mecanismo que cruzaba automáticamente las solicitudes de observadores electorales contra el padrón de servidores de la nación. A partir de ahora basta con que el solicitante declare, bajo su palabra, que no es funcionario.
La propuesta la presentó Frida Gómez Puga, designada por Morena en abril de este año. La respaldaron Guadalupe Taddei, Arturo Chávez, Norma de la Cruz, Blanca Cruz y Jorge Montaño. Seis votos. Los tres consejeros recién designados por la mayoría legislativa de Morena permitieron consolidar ese bloque.
Cinco consejeros advirtieron en vano: Martín Faz, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Rita López y Uuc-Kib Espadas. Humphrey lo dijo con precisión: sustituir una verificación objetiva por una declaración de honor no es simplificar un trámite. En la elección judicial de 2025, con la compulsa todavía activa, se detectaron más de 200 servidores de la nación intentando acreditarse. Se documentaron casos de personas repartiendo acordeones fuera de las casillas.
Taddei minimizó los precedentes. La historia no lo hará.
Hay una diferencia entre una consejera que enfrenta presiones y cede, y una consejera que activamente construye los argumentos para justificar la cesión. Taddei cruzó esa línea hace tiempo. Le tiene más miedo a quien la designó que a lo que dirá el expediente cuando esto termine.
Los nombres están en el acta. Frida Gómez Puga, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Arturo Chávez, Blanca Cruz y Guadalupe Taddei. Eso no se borra.
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