Desde 2012, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) ha recibido múltiples denuncias, tramitado acciones urgentes y señalado fallas persistentes en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas en México. Aunque las autoridades han respondido con medidas y cambios institucionales, la grave situación sobre el terreno persiste y miles de familias siguen buscando a sus seres queridos sin respuestas, sin apoyo ni justicia.
Ante la persistencia de esta crisis, la ONU dispone de mecanismos para examinar violaciones graves de derechos humanos cuando las respuestas de un Estado resultan insuficientes. Uno de ellos está previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que permite al CED llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU cuando encuentra indicios fundados de que las desapariciones forzadas ocurren de manera generalizada o sistemática.
En abril de 2025, el CED activó por primera vez en su historia el procedimiento previsto en el artículo 34, en relación con México. Un año después, tras examinar la información disponible y la respuesta del gobierno mexicano, concluyó que había indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se habían cometido y continuaban cometiéndose en México como crímenes de lesa humanidad. Por ello, solicitó al secretario general de la ONU que transmitiera urgentemente su decisión a la Asamblea General. El procedimiento no busca imponer sanciones, sino que los Estados miembros consideren medidas de apoyo a México, incluida asistencia técnica, financiera y especializada para prevenir, investigar y erradicar estos crímenes.
Entre los elementos examinados, el CED identificó patrones de desaparición vinculados con organizaciones criminales y señaló indicios de participación activa, apoyo o tolerancia de funcionarios públicos. La responsabilidad del Estado también puede derivarse de la inacción de las autoridades cuando, pese a conocer los riesgos, no adoptan medidas eficaces para proteger a la población, buscar a las personas desaparecidas e investigar los hechos. Tanto la colaboración de agentes estatales con grupos criminales como la inacción de las autoridades contribuyen a perpetuar la terrible y constante impunidad en México.
El gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó las conclusiones del comité porque, a su juicio, el análisis omite avances institucionales y extrapola hechos de cuatro estados entre 2009 y 2017 a la situación nacional actual. El 14 de octubre anunció la formación de un grupo de nueve especialistas para revisar la metodología del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México. Sostiene que está abierto a la cooperación técnica, aunque rechaza el diagnóstico del CED.
Sin embargo, revisar los registros, depurar las bases de datos y mejorar la metodología de contabilización, aunque necesario, no basta para resolver la crisis. Ningún ajuste estadístico encuentra a una persona desaparecida, esclarece lo ocurrido, les da paz a las familias ni lleva a los responsables ante la justicia. La prioridad debe ser encontrar a las personas, investigar los hechos y sancionar a quienes resulten responsables.
México está sobrepasado por una crisis que arrastra décadas y que las familias enfrentan, muchas veces, prácticamente solas y bajo infinitos peligros. Rechazar las conclusiones de la ONU mientras se revisan los registros alimenta la sospecha de que el gobierno busca controlar la información y esconder el problema bajo la alfombra, más que aportar soluciones. Esa postura corre el riesgo de proteger políticamente a las redes criminales y a las autoridades que las encubren o toleran. Detrás de cada cifra hay una persona desaparecida y una familia que sigue esperando respuestas. Ninguna revisión estadística puede sustituir la obligación del Estado de encontrarlas.
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