Hartos de extorsiones, robos y asesinatos, transportistas bloquean carreteras en 19 estados

Acorraladas por la delincuencia organizada, extorsiones de las autoridades, pésimos caminos en el 70% de la red, incrementos en el cobro de peaje y sobrecarga fiscal, organizaciones de transportistas, entre ellas la Canacar, iniciaron un paro nacional que generó caos en la circulación y frenó el traslado de toneladas de mercancías en carreteras de 19 entidades del país.

En la autopista México-Pachuca se registró un colapso vial de más de 11 horas, aunque otras afectaciones importantes se presentaron en las carreteras Chamapa-Lechería; México-Toluca; México Querétaro; México-Puebla;  Circuito Exterior Mexiquense, autopista Peñón-Texcoco y Arco Norte.

También hubo problemas en autopistas y carreteras de estados como Veracruz, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaron llegar en tráileres, camiones y camionetas al Congreso de la Unión, lo que paralizó la vialidad durante horas en la calzada Vallejo, una de las más importantes vialidades de la capital.

Por la mañana, Sheinbaum minimizó la protesta al señalar que se trataba de un “sector pequeño”.

En tanto que la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, abrió una supuesta “mesa de diálogo”, pero con transportistas ajenos a las movilizaciones, agrupados en la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), afiliados a la Concamin, mismos que “rechazaron” los bloqueos.

Desde esa “negociación”, la Segob intentó desacreditar el movimiento: "(…) No existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros para plantear sus demandas y afectar a la ciudadana (sic)”, sostuvo en un comunicado.

Sin embargo, el paro nacional estuvo encabezado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), organismo empresarial que tradicionalmente no participa de manera activa en este tipo de protestas.

Así como por la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), la Federación Méxicoamericana e Transportistas (Fematrac) y la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (Hamotac).

“Nosotros ponemos los camiones, los muertos y los impuestos”, se quejaron los transportistas ante el abandono institucional del gobierno federal, en medio de una crisis que, aseguraron, se agravó en los últimos ocho años –ya bajo administraciones de la 4T–.

Señalaron que en lo que en lo que va del año, 15 choferes han sido asesinados, mientras que entre enero y septiembre se han cometido mil 125 robos contra transportistas, una cifra que romperá los registros de 2025 ante la ineficacia de la Guardia Nacional (GN).

Los dirigentes de las organizaciones lanzaron un SOS al gobierno a Sheinbaum para frenar los asaltos, homicidios y secuestros de operadores, cobro de piso, quema y robo de unidades cuando hay enfrentamientos entre cárteles y gobierno.

Pero también por la sobrerregulación, falta de carreteras transitables, aumentos en costos de casetas, mayores impuestos y extorsiones de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Los manifestantes negaron rotundamente cualquier interés político y consideraron que la Segob dejó de ser un interlocutor válido por su incapacidad para dar respuestas efectivas en “mesas de diálogo” que no llevan a ningún acuerdo concreto.

En su lugar, exigieron un diálogo directo con la presidenta Sheinbaum para modificar de fondo la "fallida estrategia" de seguridad en carreteras a cargo de la Guardia Nacional, corporación que a seis años de asumir dicha responsabilidad ha sido incapaz de frenar la incidencia delictiva.

Además de la inseguridad, los transportistas rechazaron las modificaciones en la Ley de Ingresos 2026 que reducen el límite de ingresos anuales de 300 a 250 millones de pesos para deducir el 50% de los peajes.

Por el contrario, pidieron aumentar ese techo a 420 millones de pesos para amortiguar la inflación y los excesivos costos que implica mover millones de toneladas de mercancía.

Dijeron que el gremio enfrenta una severa crisis: el diésel absorbe el 50% del cobro por viaje, los peajes de autopistas se llevan otro 25%, y del 25% restante el permisionario debe cubrir sueldos, impuestos y el mantenimiento de unidades de entre 4 y 5 millones de pesos, "si bien te va y no te pasa nada".

Reprobaron la actuación de las fuerzas federales y estatales encargadas de la vigilancia carretera. "Nos ven con signos de pesos. Las policías municipales y estatales nos extorsionan, y la Guardia Nacional tiene una respuesta bastante lenta; enviaron gente joven a la que le falta preparación para el tema carretero".

Denunciaron también la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales, pues liberar una unidad robada y recuperada se ha convertido en un calvario de trabas burocráticas.