Es sintomático que dos de los colaboradores de Rubén Rocha Moya encargados de manejar el dinero del gobierno de Sinaloa enfrenten hoy serios problemas legales.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, se entregó a las autoridades de Estados Unidos y colabora como testigo. Forma parte de la decena de exfuncionarios reclamados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por sus presuntas relaciones con el narcotráfico, en particular con Los Chapitos.
Por su parte, Ricardo Velarde, El Pity, exsecretario de Economía, figura en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que existe una amplia investigación en curso.
Aunque los de Díaz Vega y Velarde son casos distintos, ambos se desarrollaron en el mismo ecosistema criminal que propició la colusión con el crimen organizado y el desvío de recursos públicos.
En el caso de Velarde rodea también un episodio sumamente oscuro: en un bar de su propiedad, Terraza Valentino, desapareció Carlos Galván Valenzuela, un joven del que no se ha vuelto a saber nada. Su madre lo busca con ahínco y ha señalado puntualmente las dilaciones u omisiones de la fiscalía estatal.
Vistos en retrospectiva, los engranajes delictivos avanzaron en diversas áreas de la administración pública. Ello explica las dificultades para desmontar al rochismo, pues prevalecen muchos de los pactos fraguados por el ahora gobernador con licencia indefinida.
Cada día que pasa se complican las condiciones para que Rocha Moya siga impune. Sin embargo, no hay que perder de vista que muchos de los señalamientos en su contra no provienen solo de los procesos en Estados Unidos —donde es considerado un prófugo de la justicia—, sino de historias locales de violencia que ya se traducen en más de 3 mil 800 muertos, 6 mil desaparecidos y el desplazamiento forzado de la población en los últimos dos años.
El daño es inmenso y se refleja en la vida cotidiana, los negocios cerrados y la zozobra permanente.
La sociedad sinaloense merece que se castigue a los responsables: todos saben quiénes son; solo falta la voluntad política para atraparlos o entregarlos.
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