Con un gramo de sensatez, es imposible dar por válida la acusación contra Ernesto Ruffo cuando la presidenta, que lo acusa en las mañaneras, ejerce el mando de los tres poderes.
No es creíble porque Morena gobierna en los estados aliada con los cárteles del huachicol fiscal y del tráfico de drogas.
En Ruffo encontraron, o inventaron, un villano para gritar “¡al ladrón!” y distraernos de la realidad.
Para tener clara la realidad no podemos perder de vista lo que escribió ayer en estas páginas José Carreño Carlón: “Entramos a una nueva etapa en la evolución del régimen a una dictadura sustentada en redes corruptas o francamente criminales”.
A ver, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención del gobernador Rubén Rocha Moya por su participación en el narcotráfico.
Pruebas hay, y están vivas: los secuestrados por el Cártel de Sinaloa para que Rocha Moya barriera en las elecciones que lo hicieron gobernador.
¿Quién lo investigó?
Lo investigó la FGR que encabeza Ernestina Godoy, tres veces candidata a gobernadora por el mismo partido de Rocha Moya.
La compañera de Rocha en la cúpula de Morena no encontró nada irregular en su compañero de mil batallas.
Nuestro colaborador Omar Garfias encontró lo siguiente: “En caso de que la investigación sobre Rocha Moya hubiera sido presentada ante el Poder Judicial federal, habría caído en el ámbito del nuevo magistrado de lo penal, electo por acordeones distribuidos a los votantes, que en su currículum resalta haber sido colaborador del gobernador con licencia (Rocha Moya) y haber sido candidato a presidente municipal de Elota por el Partido Verde” (Riodoce de ayer martes).
Ahora bien, si las acusaciones contra Rocha se canalizaran al fuero común, las investigaciones habrían sido hechas por la Fiscalía General del estado, que fue la autora del montaje para engañar sobre la forma y el lugar donde fue asesinado el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén.
Y en el remoto caso de que la fiscalía de Rocha hubiera puesto la acusación ante un juez estatal, el que puso a jueces y magistrados, parientes incluidos, es el senador Enrique Inzunza, que también es requerido por la justicia estadounidense, por narco.
Subamos más al norte, a Baja California, de donde es Ernesto Ruffo y la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ya sabemos que ella está bajo la lupa del Departamento de Estado, de la Secretaría de Seguridad Nacional y del FBI.
Se ha ofrecido a acudir a reuniones secretas en Panamá o “en un hotel” en Tijuana para contarles a los agentes de EU “todo lo que sé” y lo que se dice en las “mesas de seguridad”.
Por el estado que gobierna la morenista Ávila pasan millones de pastillas de fentanilo hacia Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Defensa Nacional citados por El Sol de México, una de cada tres pastillas de fentanilo ingresa a EU por Baja California.
Los delincuentes que han entregado poder político y territorial al crimen organizado están protegidos porque no se investigan a sí mismos.
La esencia del régimen, no hay que olvidarlo, es delictiva.
Tomaron la mayoría calificada de la Cámara de Diputados sin ganarla en elecciones. Es espuria.
Tomaron la mayoría calificada en el Senado con sobornos y extorsiones y un secuestro. Al estilo de las mafias.
Y se blindaron por si algún día pierden en las urnas. Se apropiaron del INE y del tribunal. Morena y sus aliados son jugadores, árbitro y VAR en las elecciones.
¿Qué credibilidad tendrá, entonces, la acusación, el proceso y la sentencia a un opositor?
La credibilidad que puede tener una dictadura en proceso de consolidación.
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