Culiacán, Sin.- La célebre frase de Henry Ford sintetiza una actitud que hoy resulta indispensable: dejar de concentrarnos en señalar errores para enfocarnos en construir soluciones.
En el desarrollo de las naciones existe un dilema recurrente que, en ciertos momentos históricos, se vuelve existencial: ¿qué modelo de país debe prevalecer?
El conflicto de fondo puede resumirse en una tensión clásica: libertad vs. orden.
En Estados Unidos, Thomas Jefferson defendía una república agraria, descentralizada, con poder distribuido en los estados y una profunda desconfianza hacia un gobierno central fuerte. Su ideal descansaba en ciudadanos libres, propietarios y autosuficientes.
En contraste, Alexander Hamilton concebía un país industrial, financiero y centralizado, con un gobierno federal robusto, capaz de impulsar el comercio, la banca y la industria, incluso mediante alianzas con élites económicas para estabilizar al Estado.
México vivió una versión propia de esta tensión. Benito Juárez, cercano al pensamiento de Jefferson, apostó por una república de leyes: equilibrio entre poderes, respeto a la Constitución e igualdad jurídica. Su legado no fue el orden inmediato, sino la construcción de principios duraderos, donde la legitimidad emanara de la ley y no de la fuerza.
Por su parte, Porfirio Díaz, más alineado con la lógica hamiltoniana —aunque llevado al extremo—, privilegió el orden como condición del progreso. Centralizó el poder, impuso estabilidad y detonó crecimiento económico, pero a costa de restringir libertades y debilitar la democracia.
Libertad sin orden suficiente. Orden sin libertad plena.
Ese ha sido, históricamente, el dilema mexicano.
Lo preocupante es que hoy no estamos en ninguno de esos polos. Estamos en algo más complejo y riesgoso: la ausencia de ambos.
No contamos con la solidez institucional del juarismo, donde la ley —aun imperfecta— fungía como eje rector. Pero tampoco existe la capacidad operativa del Estado porfirista para garantizar condiciones mínimas de seguridad y certidumbre.
En su lugar, tenemos un Estado que oscila entre la centralización política y la debilidad funcional: fuerte en el discurso, pero frágil en la ejecución; presente para concentrar decisiones, pero ausente para garantizar derechos.
Del lado social, el panorama tampoco es alentador. La ciudadanía —que en el ideal jeffersoniano debía ser activa, organizada y vigilante— enfrenta hoy fragmentación, miedo y desgaste. Los contrapesos se diluyen y la participación se erosiona.
El resultado es un vacío peligroso.
Porque cuando no hay ciudadanía que exija ni Estado que responda, lo que prevalece no es el equilibrio: es la descomposición.
En regiones como Sinaloa, esto deja de ser un debate teórico y se convierte en realidad cotidiana: inseguridad persistente, deterioro económico, pérdida de empleos y una creciente sensación de abandono institucional.
Mientras tanto, el debate público permanece atrapado en etiquetas ideológicas que poco explican la realidad: izquierda o derecha, conservadores o liberales, pueblo o élites.
Jefferson y Hamilton entenderían con rapidez que esa discusión es superficial si lo esencial no está resuelto: la capacidad del Estado para funcionar y la capacidad de la sociedad para incidir.
Juárez y Díaz también lo sabrían. Ambos vivieron las consecuencias de privilegiar solo uno de los extremos.
México no necesita elegir entre libertad u orden.
Necesita, con urgencia, reconstruir ambos.
Porque sin ley, la libertad es frágil. Y sin libertad, el orden se convierte en imposición.
Pero sin ninguno de los dos, lo que queda no es equilibrio.
Es vacío.
Se trata, entonces, no de seguir buscando la falta, sino de asumir —con seriedad y responsabilidad— la tarea de construir el remedio.
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