No es común en un Estado democrático de derecho que las máximas autoridades ejecutivas realicen manifestaciones públicas sobre las conductas, licitas o no, de gobernados específicos. Pues tal actuar simplemente no está dentro de sus facultades. Como tampoco lo está decidir cambiar el nombre de las vialidades en las entidades. Pero la primera acción no es tan anecdótica como la segunda. Realizar una lista de gobernados está simplemente prohibido por nuestro sistema constitucional vigente. De hecho, están expresamente prohibidas. La …
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