Como muchos otros, no tengo elementos suficientes para afirmar de forma categórica que Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y primero en llegar a este cargo desde la oposición, es culpable o inocente. Sin embargo, acerca de su encarcelamiento me queda totalmente claro que ni es legal ni es digno de un gobierno cuya presidenta juró defender la constitución y las leyes que de esta emanan.
Necesitaban un distractor frente a las numerosas acusaciones que enfrentan sus gobiernos estatales, comenzando por el de Marina del Pilar Ávila y siguiendo con el de Rubén Rocha, requerido por la justicia de EU; necesitaban lo que todos los observadores serios definen como una cortina de humo ante la corrupción, huachicol fiscal y asociación con los carteles del narcotráfico que involucra a una parte muy epresentativa de su partido e incluso de funcionarios de su gobierno.
Necesitaban cubrirse y no encontraron forma más canallesca de hacerlo que dejar caer todo el aparato del Estado contra un hombre de 74 años de edad que desde el año pasado había dicho que estaba en la mejor disposición de aclarar ante la Fiscalía General de la República cualquiera acusación en su contra. Pero no fue requerido, porque lo que querían era precisamente montar el espectáculo punitivo que todos hemos podido presenciar: llevarlo esposado, fuertemente custodiado, a un penal de máxima seguridad sin haber sido ni siquiera vinculado a proceso, como si se tratara de un criminal de la talla de aquellos que han venido pagándoles protección y aun recursos para financiar sus campañas electorales, algo que en Estados Unidos personajes como “El Chapo” o “El Mayo” Zambada ya han declarado.
Es vergonzoso que el gobierno de Claudia Sheinbaum decida mancharse por completo con la atroz manipulación y el sometimiento de la justicia con fines estrictamente partidistas. No es que suceda por primera vez; ya bastante ha torcido la justicia para impedir que los más “distinguidos” militantes de Morena vayan a prisión, pero ahora lo está haciendo para llevar a la cárcel a un opositor al que no le respetan ni siquiera la presunción de inocencia.
La misma Fiscalía General de la República que nunca ha sabido nada de los crímenes y corruptelas que más lastiman al país, ha actuado diligentemente en este caso tras una indagatoria “complejísima”. ¿Quién puede creerles? Son los mismos para los cuales todo está bien en Sinaloa, Baja California, Michoacán, Veracruz o Guerrero; son los mismos cuya omisión, cuando no complicidad, ha sumido al país en una nación con decenas de miles de desaparecidos y los mismos que minimizan una crisis forense que es ya un escándalo mundial.
Todo esto muestra al grupo gobernante en su faceta más cercana a las prácticas dictatoriales de los países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, que les resultan absolutmente ejemplares. Están actuando como los buenos militantes de esa izquierda cerril que representan, y cada vez guardan menos las apariencias.
Sabíamos que para eso hicieron la reforma judicial, para tener siempre a modo a un juez electo mediante acordeón que les obsequiara órdenes de aprehensión a su antojo, pero inocentemente creíamos que no se atreverían a tanto.
Ahora estamos viendo con toda nitidez cómo sí son capaces de usar el poder judicial del que se apoderaron, convirtiéndolo en el mazo para golpear a la oposición y distraernos del basural en el que han convertido el ejercicio del poder.
Este es un punto de no retorno para Morena. Desesperados, su apuesta autoritaria se ha elevado hasta este nivel en el que por lo visto están decididos a jugarse todo con tal de burlar la justicia. Pero se equivocan, el país no es el de hace siete años cuando llegaron a la Presidencia y son muchos y muy graves los problemas a la vista. Al hacer suyas las apuestas del señor de Palenque, Sheinbaum se olvida que ella es quien las pagará.
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