Magistrado difamado por AMLO insiste en cobrar su pensión; "seguiremos amparándonos"

El magistrado de Circuito en retiro, Manuel Cano Máynez, fue uno de los juzgadores difamados en las “mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente “favorecer” a delincuentes, como parte de una estrategia gubernamental de descrédito para allanar el camino a la Reforma Judicial.

Tras 38 años de carrera, optó por retirarse, incluso sin una sola queja fundada aun con las falsas acusaciones en su contra. Hoy, sin embargo, es uno de los 200 magistrados y jueces a los que el Órgano de Administración Judicial (OAJ), les niega ya sea su indemnización o pensión complementaria, cuyo monto total ronda al menos los 700 millones de pesos.

En 2024, ante AMLO, a Cano Máynez lo señalaron por supuestamente favorecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante la devolución de 13 vehículos de lujo como Lamborghini, Porsche, BMW. En realidad, la resolución ordenaba a la Fiscalía General de la República (FGR) que subsanara deficiencias y volviera a efectuar el aseguramiento con apego a la ley.

El 3 de septiembre de 2024, Luis Rodríguez Bucio, entonces subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó el informe “Cero Impunidad”, en el que integrantes del PJF eran colocados en el paredón mediático con motivo de sus resoluciones.

Rodríguez Bucio dijo que magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Distrito de Jalisco, entre ellos Manuel Cano Máynez, ordenaron la devolución de 13 vehículos de alta gama del CJNG porque “era violatorio de sus derechos”.

Al respecto, en entrevista con La Aurora, el magistrado de Circuito en retiro señala que ni siquiera se abrió un expediente de responsabilidad. “Me atrevo a decirle que salí con la frente en alto del Poder Judicial, donde fui un servidor justo y firme, como debe serlo todo juzgador, de hecho ni siquiera tuve una sola queja fundada”.

Recuerda que fue exhibido en la “mañanera” por actuar con base en la ley, pues durante un operativo por el secuestro de integrantes de la Marina se aseguraron 13 vehículos en los que oficialmente nunca se mencionó que fueran propiedad de una organización criminal, sino que se abrió en contra de particulares y de quienes resultaran responsables.

“Dejé en claro que el Ministerio Público Federal hizo dicho aseguramiento sin autorización judicial, lo hizo de motu proprio. Eso fue todo, entonces al resolver le dijimos al Ministerio Público, no, no es que le hayamos devuelto los carros. Dijimos al Ministerio Público, deja sin efecto ese aseguramiento y si insistes en asegurar pide autorización judicial, o sea, házlo bien.”

“La FGR tenía la oportunidad de volver a hacerlo, nunca se cerró esa oportunidad, tan fue así que ya no tocaron el tema con el presidente. Fue un asunto que sacamos por mayoría en el tribunal, si no lo hubiéramos hecho, el pleno regional acababa de establecer jurisprudencia en ese sentido, entonces sí hubiéramos incurrido en responsabilidad al no acatar esa jurisprudencia, Solamente actuamos conforme a Derecho”.

Fuera de este incidente, está satisfecho con su carrera, aunque lamenta la actual situación del Poder Judicial de la Federación, principalmente tras la entrada en vigor de la reforma.

OAJ se niega a pagar indemnizaciones y pensiones

Considera injusta la situación que enfrentan él y 200 personas juzgadoras más, a quienes no se les quiere cubrir la indemnización nila pensión complementaria que por ley les corresponde, sin motivación jurídica alguna y con respuestas absolutamente genéricas por parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que encabeza Néstor Vargas Solano.

Dichos recursos estaban contemplados en los 10 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que el gobierno se adjudicó indebidamente, pero ahora el OAJ desconoce a través de una actitud despótica y soberbia.

Cano Máynez ha decidido apoyar a estos juzgadores en plantones y manifestaciones pacíficas, una de las cuales fue “contenida” por granaderos de la Ciudad de México el 11 de junio pasado, durante la jornada inaugural del Mundial FIFA 2026 a pesar de que se encontraban en la banqueta, donde quedaron encapsulados. 

En dichas movilizaciones tiene un rol activo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).

Debido a que la reforma le dio esa posibilidad, el magistrado decidió jubilarse con 38 años de servicio y una pensión complementaria, misma que actualmente recibe.

No obstante, el OAJ ha negado esa cobertura a 120 personas juzgadoras, mientras que él forma pare de un grupo de 86 juzgadores que no han recibido la indemnización correspondiente.

“En la reforma judicial, en el artículo décimo transitorio, el poder reformador, añadió un programa de indemnizaciones equivalente a 3 meses de salario integrado y a 20 días de salario integrado por cada año de servicio. Esto con el afán, de alguna forma, de sufragar las afectaciones en el sistema de carrera judicial, porque constitucionalmente éramos inamovibles.

“Reforman la Constitución y te obligan a postularte para el cargo de magistrado de circuito o bien te dan la opción de declinar a participar con la opción de indemnizarte”, explica. 

Los juzgadores han tenido que recurrir al amparo ante el incumplimiento del presidente del OAJ, quien ha argumentado que los pagos no proceden porque no declinaron al cargo ante el Senado y solo lo hicieron ante el Consejo de la Judicatura Federal.

“Néstor Vargas Solano nos dijo verbalmente que no tenemos derecho a esa indemnización, pero ese requisito del Senado no lo establece la Constitución, solo establece declinar y en el momento en que nosotros nos retiramos declinamos a la una ante la única autoridad que podíamos hacerlo, que era el Consejo de la Judicatura Federal”.

Cano Máynez refiere que existe un oficio de un empleado de segundo nivel, el secretario ejecutivo de administración de la todo el OAJ, Juan Carlos Zamora García, donde se les notifica que no tienen derecho al pago poque no están en el supuesto del artículo décimo transitorio. 

A pesar de ello, advierte que seguirán recurriendo al amparo; sin embargo, expresa su temor de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “donde tal y como hemos visto las cosas, seguro perdemos”.