La desaparición forzada constituye una de las violaciones más graves de derechos humanos. Su investigación y sanción no son meras opciones políticas: son obligaciones jurídicas del Estado, reforzadas por la Constitución mexicana, la legislación especial y compromisos internacionales. En ese marco, la propuesta de emplear el criterio de oportunidad —instrumento procesal que permite suspender o no ejercer la acción penal a cambio de colaboración— revela su inviabilidad práctica y jurídica cuando se trata de desaparición forzada. La experiencia reciente del …