La FGR mantiene abiertas las investigaciones por delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles.
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La FGR mantiene abiertas las investigaciones por delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles.
Las autoridades federales preparan el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otros siete presuntos integrantes de una organización dedicada al llamado huachicol fiscal hacia el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", en el Estado de México. La medida busca reforzar las condiciones de seguridad durante el proceso penal que enfrentan por delitos relacionados con el tráfico ilícito de combustibles y delincuencia organizada.
De acuerdo con información del gabinete de seguridad, el operativo contempla el traslado de los ocho detenidos desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente hacia el penal federal de máxima seguridad, una vez que concluyan las diligencias judiciales correspondientes. Las autoridades consideran que el perfil de los imputados y la dimensión de la investigación ameritan medidas especiales de resguardo.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los detenidos de formar parte de una estructura presuntamente dedicada al huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir, transportar y comercializar combustibles mediante operaciones ilegales que incluyen la evasión de impuestos, el uso de documentación apócrifa y la simulación de importaciones para ocultar el origen del hidrocarburo.
El traslado se realizará mediante un dispositivo coordinado por corporaciones de seguridad, con el objetivo de evitar cualquier riesgo durante el movimiento de los internos hacia el Altiplano, considerado el penal de mayor seguridad del país.
En ese centro penitenciario permanecen personas sujetas a proceso o sentenciadas por delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, secuestro, terrorismo y narcotráfico. El ingreso de Ruffo Appel y de los demás imputados refleja la relevancia que las autoridades conceden a este caso, considerado uno de los expedientes más importantes abiertos contra redes dedicadas al tráfico ilegal de combustibles.
La FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la estructura financiera de la organización, identificar posibles cómplices y establecer la ruta seguida por el combustible presuntamente introducido al país de manera irregular.
A diferencia del robo tradicional de hidrocarburos mediante perforaciones clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el huachicol fiscal opera a través de mecanismos de evasión tributaria y simulación comercial.
Las investigaciones apuntan a que las organizaciones involucradas introducen combustibles con documentación falsa o alterada, declaran productos distintos para reducir el pago de impuestos o utilizan empresas fachada para ocultar las operaciones. Posteriormente distribuyen esos hidrocarburos en el mercado nacional a precios inferiores a los legales, lo que afecta tanto la recaudación pública como la competencia en el sector energético.
Las autoridades federales sostienen que este modelo delictivo genera pérdidas millonarias al erario y fortalece financieramente a grupos de la delincuencia organizada, razón por la que el combate al huachicol fiscal se ha convertido en una prioridad dentro de la estrategia de seguridad y combate a la evasión fiscal.
Aunque el traslado representa un paso importante dentro del procedimiento, la situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel y de los otros siete imputados aún deberá resolverse conforme avance el proceso penal. Será un juez quien determine su responsabilidad con base en las pruebas que presente el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.
La FGR continúa integrando evidencia para robustecer las imputaciones y ampliar las investigaciones sobre la presunta red dedicada al tráfico ilegal de combustibles. Además de determinar el papel de cada uno de los detenidos, las autoridades buscan establecer el alcance económico de la organización y localizar a otros posibles participantes.
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