El llamado del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a examinar la situación de México por la magnitud de las desapariciones obliga a evaluar honestamente lo hecho y lo pendiente. No se trata de negar avances: en la última década el país aprobó un marco normativo relevante —la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Protocolo Homologado de Búsqueda y la Ley General de Víctimas— y activó estructuras especializadas como la Comisión Nacional de Búsqueda y la …
