Pocas veces se ve con tanta claridad el choque entre el derecho, la economía y la política como está ocurriendo en España en estos días. El trasfondo del asunto es la vivienda. La Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero lo hace como un mandato dirigido a los poderes públicos, que deben promover las condiciones para hacerlo efectivo. Dicho de otro modo, es un derecho cuyo alcance depende de lo que el Estado pueda y …
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