La reciente filtración de una conversación telefónica atribuida a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la cual aborda gestiones legales tras la revocación de su visa estadounidense, reactiva un debate jurídico y constitucional de honda raíz académica: las fronteras del derecho a la intimidad frente al escrutinio ciudadano en las democracias contemporáneas. Mientras el origen de la grabación roza los linderos del ilícito penal en materia de comunicaciones privadas —el artículo 211 bis del Código …
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